Por Jeny Pascacio
La comunidad garífuna de San Juan y Tornabé, de la ciudad de Tela, solicitó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) una condena al Estado de Honduras por el despojo, la falta de protección de sus territorios ancestrales y la amenaza a sus líderes.
Durante la audiencia pública y virtual de la Corte IDH, llevada a cabo a principios de abril, los testimonios que se presentaron coincidieron en la exigencia al Estado del título de propiedad colectiva y que se reconozca la totalidad de sus tierras y territorios ancestrales.
En 1997 la comunidad de San Juan presentó una solicitud de titulación por toda la extensión de sus tierras y territorios adjuntando la documentación correspondiente, pero el Estado argumentó el extravío del expediente.
En el 2003 las comunidades garífunas acudieron al sistema interamericano para buscar la reivindicación de sus territorios y su derecho a la consulta en la ejecución de proyectos y demás decisiones.
La demanda actual alega que en el 2000 el Instituto Nacional Agrario otorgó un título reconociendo una porción del territorio ancestralmente reclamado, pero el Estado no ha cumplido con titular la totalidad del territorio de la comunidad, lo cual ha impedido que los garífunas usen y gocen de sus tierras en forma pacífica.
En este escenario de falta de seguridad jurídica, los títulos se han dado a terceros ajenos a la comunidad y con proyectos hoteleros; para la ampliación del casco urbano de la Municipalidad de Tela; y la creación de un Parque Nacional en el territorio reivindicado por la comunidad.
Jorge Mesa, Coordinador de Casos en la Corte, explicó que de acuerdo a los testimonios de los líderes, recolectados de sus ancestros, la comunidad de San Juan ocupó históricamente una extensión de 1.770 hectáreas “con límites claramente establecidos”.
En el 2000 el Estado otorgó un título de propiedad de 328 hectáreas pero solo titularon 63 y el resto permanece en manos de particulares como empresas y personas no indígenas. Mientras los proyectos de particulares se establecieron sin una consulta previa, libre e informada.
A esto se suman hechos de violencia cometidos a miembros de la comunidad por la reclamación de su tierras y la ejecución extrajudicial de dos de sus miembros por parte de agentes estatales.
Se dice que la comunidad garífuna llegó a Honduras en el siglo XVIII con los esclavos africanos y naufragaron cerca de la isla de San Vicente, a 140 kilómetros de distancia por carretera, de San Juan.
Esmeralda Arzú Herrera nació y ha vivido durante sus 60 años de vida en la comunidad San Juan también conocida Durúbuguti-Beibei (debido a la abundancia de uvas de playa).
Esmeralda fue la primera testigo ante la Corte IDH en la pasada audiencia donde dijo desconocer el mapa de la delimitación de su comunidad que le presentaron, pues no hubo una consulta para realizarlo. Explicó que como pueblos ancestrales los límites de sus territorios tienen referencia al norte del Mar Caribe, al sur con la línea férrea, al este con la Barra de San Juan.
“El territorio es importante para la comunidad, es nuestra vivienda, todo lo que está dentro: el lago, el mar, la tierra. No nos escuchan. Se hicieron gestiones pero no se ha resuelto por el Estado”, a pesar de realizar lo correspondiente en el Ministerio Público.
En la participación de otro miembro activo de la comunidad, Wilfredo Guerrero, de nuevo se trató el tema del racismo, la omisión de sus denuncias, “no nos escuchan”; así como la migración forzada por estos conflictos y que, además, no se les permite ni pescar. Hizo especial hincapié en el asesinato de integrantes de su comunidad.
El 26 de febrero de 2006, Gino Eligio López y Epson Andrés Castillo, miembros de la comunidad, murieron asesinados por agentes policiales. El uso de la fuerza letal no pudo ser justificado, además de ser calificado como innecesario, desproporcionado y carente de un fin legítimo.
En esta audiencia el representante del Estado, Nelson Molina, confirmó que el expediente agrario con las mediciones hechas por el gobierno de Honduras se encuentra extraviado.
“Es un hecho no controvertido que la comunidad garífuna de San Juan no cuenta con un título de propiedad colectiva que reconozca la totalidad de sus tierras y territorios ancestrales”, concluyó la Corte Interamericana.
A menos de 24 horas de la audiencia, celebrada el 4 y 5 de abril, se presentaron agentes de seguridad nacional en la comunidad de San Juan con un citatorio por usurpación. “Para el Poder Judicial somos garinagu extranjeros, basta ya de expulsión”, publicó en redes sociales Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh).
El 12 de abril, la comunidad garífuna cumplió 225 años de su presencia en Honduras y “la expulsión sigue”, expuso Ofraneh, “es claro el mensaje brindado por el Poder Judicial al entregar una citatoria en Durugubuti, San Juan Tela, acusando de nuevo a la comunidad por invadir su propio territorio”.
Miriam Miranda, defensora de los derechos humanos, recordó que son más de dos siglos del pueblo garífuna en el país centroamericano, sin embargo no se concede el derecho sobre el territorio, “no hay nada que celebrar, pero sí muchísimo por qué luchar”, exclamó.
El año pasado en el 224 aniversario de la presencia del pueblo Garífuna en Honduras, la Ofraneh denunció amenazas sobre un tercer destierro violento e intencional por parte del Estado de Honduras para favorecer intereses económicos.
De forma previa (2021), la Corte emitió dos sentencias condenatorias contra el Estado de Honduras con el caso de Punta Piedra y Triunfo de la Cruz, que no han sido cumplidas a la fecha.
