source: Radio Progreso in Honduras
El gobierno hondureño decidió ampliar en tiempo y territorio el Estado de excepción que estaba vigente desde el pasado 06 de diciembre del 2022 y vencía a las seis de la tarde del viernes 6 de enero de 2023, como parte del Plan Integral contra la Extorsión.
El nuevo Decreto ejecutivo PCM 01-2023, extiende por 45 días más la suspensión de las garantías constitucionales establecidas en los artículos 69, 78, 81, 84, 93 y 99 de la Constitución de la República, relacionadas directamente con seis derechos garantizados que incluyen la libertad de circulación, el derecho de asociación y reunión y la inviolabilidad del domicilio.
Al ser consultado por periodistas, Gustavo Sánchez, director de la Policía Nacional, aseguró que “seguirán reduciendo los índices de violencia, realizando capturas y desarticulando estructuras criminales, porque la sociedad hondureña se lo merece”.
Enfatizó que, el Estado de excepción va orientado únicamente a las estructuras criminales, por lo que el resto de la población y las actividades comerciales pueden continuar de manera normal mientras esté vigente el nuevo decreto, debido a que no es un toque de queda ni un estado de sitio.
El Estado de excepción que durante sus primeros 30 días de vigencia abarcaba 162 barrios y colonias del Tegucigalpa, Comayagüela y San Pedro Sula, se amplía a 73 municipios pertenecientes a 17 departamentos del país, lugares donde durante el mes de diciembre de 2022 se registraron altas incidencias delictivas.
Peligros
La socióloga e investigadora, Leticia Salomón, cree que el flagelo de inseguridad sigue siendo grave en Honduras y los gobiernos anteriores no atendieron estos problemas de violencia y criminalidad vinculados a maras y pandillas, que la ciudadanía siente más de cerca como la delincuencia común, homicidios y la extorsión, que impacta directa e indirectamente a los vecinos de las comunidades, dejando como saldo muertes, cierres de negocios y migración interna como externa.
“Que se luche contra la extorsión es positivo y que se declare Estado de excepción para que las fuerzas de seguridad realicen su trabajo, es liberar un poco las limitaciones que pueden tener la policía para entrar a barrios y colonias, ese es un problema grave”, sostiene Salomón.
Sin embargo, asegura que la lucha contra la extorsión, limitada a la presencia policial en las calles es insuficiente y no se lograrían los resultados, por lo tanto, debe ir acompañada de investigación, actividades de inteligencia y de trabajo directo con el sistema bancario para ver que está pasando con los “frutos que obtienen los criminales como resultado de la extorsión”.
Leticia Salomón es del criterio que suspender garantías constitucionales, siempre huele a peligro y está asociado a los excesos que los policías puedan cometer al momento de capturar a supuestos sospechosos de cometer acciones criminales y que deriven en violaciones a derechos humanos.
Los primeros días de enero los transportistas en declaraciones a Radio Progreso calificaron el “Plan Contra la Extorsión” como positivo, asegurando que durante estaba vigente no habían recibido amenazas, atentados a las unidades ni agresiones físicas o muertes de conductores, por lo que se debería ampliar.
Pero, eso no significa que la extorsión se detuvo, Jorge Lanza, dirigente del transporte en Tegucigalpa, capital hondureña, declaró que solo en diciembre de 2022, habían pagado a extorsionadores ligados a la mara MS-13 y la pandilla 18, 35 millones de lempiras, cerca de 1.5 millones de dólares, porque se les exigió que pagaran un bono extra por motivo de la navidad.
Elvin Hernández, sociólogo e investigador del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación, ERIC, califica que el control de los extorsionadores en Honduras es tan profundo que las acciones implementadas por el gobierno solo han logrado reducir un nivel de la violencia vinculado a la extorsión, pero hace falta avanzar y no quedarse solo en el barrio o en colonia, sino aplicar las otras medidas que llevan como fin seguir el rastro del dinero.
“Entendemos que hay una respuesta positiva de muchos sectores, mientras otros siguen expresando miedo a los excesos policiales, pero si el gobierno va a seguir en esta línea debe complementar sus acciones con mecanismos de inversión social, principalmente en aquellos sectores donde hay un tejido social débil o deteriorado, porque, si el gobierno solo se queda con el Estado de excepción hay un enorme riesgo”, afirma Hernández.
Los datos publicados por la Policía Nacional registran 38 bandas criminales desarticuladas y la captura de 652 miembros de maras y pandillas junto al cumplimiento de 717 órdenes de captura y el decomiso de 410 armas de fuego, sin embargo, no se establece cuáles de estas capturas estuvieron relacionadas directamente con el delito de la extorsión.
Mirna Flores, Investigadora en temas de seguridad y violencia, establece que en la medida que los datos proporcionados por las fuerzas de seguridad sean verificables y avalados por organizaciones de derechos humanos, en esa medida irán creando confianza en las estrategias para reducir delitos.
“Hay que tomar en cuenta que en la medida que se amplíe el Estado de excepción, este puede perpetuarse, y fortalecer una cultura autoritaria, y no podemos seguir emulando un sistema como el de El Salvador, basado en capturas y cárceles llenas”, dice Flores.
Para Flores es necesario contrarrestar el discurso de “mano dura”, y que desde el Estado se implementen medidas integrales que den nuevas oportunidades a la juventud. “Se debe atacar de manera contundente las bandas criminales, pero eso se hace con institucionalidad, con una policía confiable y eficiente, que no sea corrupta y que se gane la confianza de la ciudadanía y con ciudadanos que desde los municipios participe en las estrategias de seguridad.
