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Por: Tomás Andino Mencía

La cooperación entre Estados en múltiples campos, incluido el campo militar, es un tema valido siempre que la finalidad sea una cooperación en legítima defensa de la soberanía nacional, sirva para apoyar al país en situaciones de emergencia o realmente se coopere contra formas de criminalidad organizada cuyo combate escapa a la capacidad de las fuerzas armadas del país, y a condición también de que esa presencia militar sea necesaria, sea establezca con fines constructivos y de mantenimiento de la paz, este aprobada por las instancia legitimas del Estado de Honduras o por organismos multilaterales de los que Honduras forme parte, se haga en arreglo de los estándares y convenios internacionales en la materia, y en absoluto respeto de las leyes y autoridades legítimamente electas del país.

Desgraciadamente no es este el tipo de presencia militar externa que hemos tenido en Honduras. A lo largo de nuestra historia hemos visto mancillada nuestra soberanía territorial en forma continua por parte de fuerzas militares extranjeras que han penetrado en total irrespeto de la normativa nacional y con fines contrarios al bienestar del país, y a la paz de la región centroamericana. Esto es particularmente cierto en el caso de las fuerzas militares de los Estados Unidos de América, que en reiteradas ocasiones durante el siglo XX penetraron ilegítima e ilegal en territorio hondureño. Fue a partir de 1954 cuando la presencia militar norteamericana se ha producido de forma continua, acompañada de servicios de inteligencia y logística, en particular de la CIA, amparados en un convenio bilateral inconstitucional, sin que los diferentes gobiernos hondureños de turno hayan hecho valer nuestras leyes y nuestra dignidad de nación soberana.

Uno de los peligros que conlleva sostener la presencia militar norteamericana en Honduras es que históricamente nos ha involucrado en conflictos que no interesan a nuestro país, pero a los cuales hemos sido arrastrados directa o indirectamente. Con el patrocinio de la fuerza armada y servicios de inteligencia norteamericanos, se ha catapultado desde tierra hondureña a fuerzas irregulares armadas de otros países como las que derrocaron al presidente Jacobo Arbenz en Guatemala (1954), al gobierno de Juan Bosh en República Dominicana (1965), el ejército de la contrarrevolución antisandinista en los años 80s; y se ha planificado utilizar dichas instalaciones para agredir a países hermanos, como Venezuela, al menos.

La guerra entre Rusia y Ucrania que sacude Europa hoy día, por ahora se desarrolla en el viejo continente, pero tiene el potencial de internacionalizarse a otros países, incluido el continente americano, dado que en este lado del mundo tienen presencia países que se alinean con ambos bandos de ese conflicto; en particular, los Estados Unidos y Canadá (miembros de la OTAN), por un lado, y Venezuela, Cuba y Nicaragua, por otro. De llegarse al extremo de que las hostilidades se extienden a todo el mundo, los países involucrados, y los que estos arrastren, sufrirían las consecuencias devastadoras de esa guerra, o de otras sucesivas, con el peligro de pérdida de vidas humanas y la destrucción de infraestructura y bienes de dichos países.

En el caso concreto de Honduras, como nación no tenemos ningún interés en el conflicto mencionado ya que con ambas partes se mantienen relaciones de amistad y cooperación; pero, de internacionalizarse, estaríamos involuntariamente involucrados por la sencilla razón de que en territorio hondureño existe al menos una base militar norteamericana oficialmente reconocida en Comayagua (Base Aérea Soto Cano), sin menoscabo de que otras bases militares de ese país hayan sido instaladas en otros rincones de la geografía nacional. Esta base es centro de operaciones estratégicas del Comando Sur de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en la región mesoamericana y, por tanto, un potencial blanco de hostilidades militares de sus enemigos en el mundo, lo cual traería esa guerra, y otras similares, a nuestro territorio.

Es sabido que Estados Unidos es una potencia nuclear y que el ilegal convenio que regula su presencia en Honduras no establece límite para el tipo de armamento que dicho país pueda introducir en la mencionada base militar o en las otras que puedan existir. También es público que el vecino gobierno de Nicaragua se ha manifestado solidario con el gobierno de la Federación Rusa, que también es una potencia nuclear, y que han manifestado su intención de incrementar su cooperación militar. Esta situación coloca a Honduras en una situación de alto riesgo ante la eventualidad de una conflagración mundial.

Lo que hoy es valido para el caso de la guerra ruso-ucraniana, podría serlo también para otras eventualidades en las cuales intervenga la fuerza militar norteamericana. Por ejemplo, en caso de producirse una guerra de los norteamericanos contra Venezuela, Cuba o, peor aún, contra un país hermano centroamericano como Nicaragua, dicha base militar en suelo hondureño nos compromete innecesariamente.  

Lo anterior es responsabilidad de los gobiernos precedentes al actual, que han actuado en este tema subordinados a la política internacional de los Estados Unidos de América, y en particular de los intereses del Comando Sur, y no en función del interés nacional. Han actuado también con total opacidad, algo que el actual gobierno no debe repetir.

El Gobierno de la Republica de Honduras que preside la presidenta Xiomara Castro Sarmiento, en sendos comunicados se ha manifestado por la paz y por la solución de los conflictos internacionales en base al derecho internacional y el dialogo. Siendo eso correcto, tal posición se debe complementar con medidas que aseguren que Honduras no será instrumentalizada nunca más por ninguna parte beligerante en ningún conflicto, sino que se deberá garantizar tener control soberano de las decisiones; de lo contrario, esas declaraciones a la hora de la verdad quedarán en letra muerta.

En base a lo anterior, el Gobierno de la Republica debe adoptar una decisión histórica dando por terminado el Convenio de Cooperación Militar Bilateral de 1954 con Estados Unidos y sus sucesivos adendum y protocolos, y a su vez establecer bases jurídicas coherentes con la Constitución y con los principios pacifistas del gobierno que regulen futuras relaciones en esta materia. En ese marco informó que en el diálogo que acertadamente organizó el Gobierno de la República entrante con la representación de la sociedad civil hondureña entre diciembre 2021 y enero 2022, por intermedio de la Comisión de Transición, una de las mesas de trabajo, específicamente la Mesa de Soberanía, hizo entrega a la mencionada comisión de varias propuestas a la presidenta Xiomara Castro Sarmiento sobre el tema de la presencia militar extranjera en Honduras, que pueden resumirse en lo siguiente:

1. El Gobierno de Honduras finalice la vigencia del llamado “Convenio bilateral de ayuda militar entre el Gobierno de Honduras y el Gobierno de los Estados Unidos de América” de 1954 y sus adendum y protocolos aprobados posteriormente. Eso haría que salgan los activos militares que Estados Unidos tiene en Honduras basados en ese Convenio-
2. El Congreso Nacional apruebe una Ley sobre las misiones militares y de inteligencia extranjeras en territorio hondureño, que establezca un marco jurídico de regulación de los requisitos de aprobación y de la presencia de sus activos militares y de inteligencia en nuestro país, en los términos que mejor convengan a Honduras como nación soberana y apegada al fomento de la paz internacional y no de la guerra.
3. El Poder Ejecutivo apruebe una Política Nacional sobre la misma materia en función del bienestar nacional y de la paz internacional.
4. Establezca una comisión técnica que prepare esos instrumentos jurídicos y políticos.

En la propuesta se sugiere al Gobierno que tanto la Ley especial como la Política Publica deben contener elementos como los siguientes:

• La Ley debe definir bajo que causales se justificaría la necesidad de una presencia militar extranjera en Honduras. Esta puede ser aceptable en casos de emergencias graves, para capacitar y actualizar a la fuerza armada nacional, o hacer alianzas contra potencias que tengan superioridad militar y con las que Honduras pueda entrar en conflicto.
• Establecer la excepcionalidad de la presencia militar extranjera en Honduras. Esta nunca debe ser permanente y debe durar el menor tiempo posible.
• Acabar con la relación de bilateralidad que establece el Comando Sur con las Fuerzas Armadas de Honduras, porque esta debe ser una institución subordinada al poder civil, no a una potencia extranjera.
• Establecer relaciones de cooperación con fuerzas armadas de diversos países para romper la dependencia de las FFAA de Estados Unidos,
• Establecer categorías selectivas de países con los que sería preferible tener convenios de cooperación militar, excluyendo a aquellos que tengan antecedentes de instrumentalizar a terceros países, hacer injerencia interna y tener practicas indeseables.
• Definir los objetivos precisos que buscara el Estado en la eventualidad de una presencia militar extranjera
• Establecer un procedimiento transparente según el cual cualquier presencia militar extranjera solo pueda ingresar si ha sido solicitada por un órgano de poder legítimo y con facultades para ello.
• Establecer mecanismos de control de su presencia, que permita saber cuántos, quienes son, que hacen donde lo hacen y para que lo hacen.
• La revocabilidad de cualquier tratado apenas se identifique que dicha presencia se dedica a algo para lo cual no ha sido autorizada.
• Prohibición de usar a Honduras de trampolín para agredir de cualquier forma que sea a otros Estados, mucho menos para que respalden operaciones atenten contra el gobierno del país, que ha sido lo usual.
• No permitir misiones de espionaje a nacionales o a otros países, mucho menos acciones encubiertas de agencias como la CIA por sus nefastos antecedentes en Latinoamérica.
• Revisar y replantear la “lucha contra el narcotráfico” y por tanto revisa el rol de agencias como la DEA entre otras.
• Las condiciones o requerimientos que esa fuerza debe observar en territorio nacional en cuanto al respeto de los derechos humanos, la cultura y las normas locales donde operen;
• Debe estar en armonía con una Política Nacional más amplia de las relaciones con otros estados

Por este medio solicito al Gobierno atienda esta solicitud abriendo un debate nacional y ventile toda la información necesaria sobre el tema.

Es necesario que en este campo el Gobierno de la Republica comience sus diligencias pronto, tomando a bien utilizar las propuestas técnicas que la Comisión de Soberanía le hizo llegar oportunamente.