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Un año fatídico para las fuerzas de seguridad de Colombia
La imagen de militares y policías se resquebraja entre la represión de las protestas, la crisis de seguridad y las controversias del ministro de Defensa de Iván Duque
En Colombia, la firma de la paz con la extinta guerrilla de las FARC hace ya cinco años provocó una profunda transición ante la cual los militares no han podido adaptarse con la velocidad requerida, y la Policía Nacional tampoco ha sabido responder en este 2021 al desafío que representaba la oleada de protestas contra el Gobierno de Iván Duque, un inédito estallido social. El país se encamina a cerrar el año con la mayor tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes desde 2014, según datos del propio ministerio de Defensa. Y en medio de esa crisis que evidencian múltiples indicadores, una sucesión de escándalos ha resquebrajado la imagen de los uniformados.
Tanto militares como policías han estado rodeados por la controversia durante los tres años largos del Gobierno de Duque, en medio de un clima de deterioro de la seguridad que incluye el asesinato de líderes sociales, ambientalistas y excombatientes de las FARC, el aumento de las masacres y repetidos episodios de brutalidad policial. También, en junio, un ataque con ráfagas de fusil contra el helicóptero en el que viajaba el propio Duque en Cúcuta, una ciudad fronteriza que ha sido blanco de varios atentados, entre ellos un carro bomba contra una instalación militar. La larga lista de polémicas ha provocado diversos cuestionamientos con relación a la formación y la doctrina de las fuerzas de seguridad colombianas.
Aunque el Gobierno ha respondido a las múltiples denuncias con una defensa cerrada de la fuerza pública, y Duque incluso escenificó una famosa foto con el uniforme de la policía en el momento más crítico, la percepción ciudadana históricamente favorable se derrumba. Las Fuerzas Militares mantienen un 55% de imagen favorable frente a un 42% desfavorable, mientras a la policía le va peor, con un 35% de aprobación frente a un 62% de rechazo, de acuerdo con el tradicional estudio de la firma Invamer.
“Nos encontramos en un momento de reconfiguración del conflicto, pero la fuerza pública no ha cambiado suficientemente para combatir la nuevas amenazas, sobretodo en la ruralidad. Mientras los grupos armados han evolucionado, la fuerza pública no”, apunta Elizabeth Dickinson, analista del International Crisis Group. Para esta experta es fundamental cambiar los indicadores de éxito en el ejército en favor de las comunidades y la presencia territorial. “Hoy en día éxito significa capturas, bajas y erradicación [de cultivos ilícitos], pero eso no nos dice nada sobre la situación de seguridad para los que viven en la zona”. En cuanto a la policía, añade, ve a los manifestantes como enemigos, y urge cambiar esa mentalidad. Muchas voces han pedido una reforma integral para dotarla de un carácter más civil, y sacarla de la órbita del Ministerio de Defensa.
Una buena parte del desprestigio reciente se deriva de la represión de la protesta social y el uso excesivo de la fuerza. El esperado informe de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos sobre el llamado paro nacional, presentado hace dos semanas, responsabilizó a la policía de al menos 28 muertes en el marco de las manifestaciones que se iniciaron el 28 de abril. Y el año se cierra con la polémica aprobación en el Congreso de la Ley de Seguridad Ciudadana que para algunos observadores agrava los riesgos de violencia policial y privada contra los manifestantes. “Esa ley sobreprotege a la Policía pues agrava los delitos en su contra, con lo cual desestima las denuncias por sus abusos, e incrementa desproporcionadamente las penas por excesos de los manifestantes”, advertía el constitucionalista Rodrigo Uprimny en el periódico El Espectador.
El ministro de Defensa, Diego Molano, se ha ido convirtiendo en un funcionario incómodo por sus salidas en falso. Desde que asumió en febrero, su gestión ha estado rodeada de un rosario de controversias. Ni siquiera la captura de Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel, el jefe del Clan del Golfo, que el Gobierno ha intentado enmarcar como el mayor golpe contra el narcotráfico en este siglo, le ha significado un respiro. La lista de tempestades que ha cosechado es extensa. El tercer ministro de Defensa de la Administración Duque reemplazó a Carlos Holmes Trujillo, quien murió en enero por complicaciones del coronavirus, y este a su vez había asumido tras la renuncia de Guillermo Botero ante la inminente aprobación de una moción de censura, luego de haber ocultado la muerte de ocho menores en un bombardeo contra disidentes de las FARC. Los tres han pertenecido a sectores muy cercanos al expresidente Álvaro Uribe, el mentor político de Duque.
El propio Molano se estrenó en marzo con un escándalo por la muerte de menores en otro bombardeo contra disidencias, cuando se refirió a esas víctimas de reclutamiento forzado como “máquinas de guerra”. Después, la política de seguridad para sofocar las protestas provocó que la oposición haya pedido con insistencia su cabeza. En un fallido intento de moción de censura, el senador Iván Cepeda recordó episodios como el ataque de civiles armados contra manifestantes indígenas ante la inacción de la policía en Cali, o la agresión de decenas de uniformados a defensores de derechos humanos. La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) también señaló al Ministerio de Defensa de fingir un ciberataque para mejorar su imagen en pleno estallido social.
Molano fue el ministro peor valorado de todo el Gabinete por los más de 1.500 líderes de opinión consultados para un estudio anual de la firma Cifras y Conceptos, el tradicional Panel de Opinión divulgado en noviembre. Con 27 puntos sobre 100, fue también el ministro de Defensa peor calificado desde que se realiza la encuesta, hace 13 años, e incluso el funcionario en cualquier campo con la calificación más baja. “Lo que más deteriora la imagen de la policía es el abuso por parte de algunos de sus miembros”, señala el analista César Caballero, gerente de Cifras y Conceptos. “El uribismo politiza la fuerza pública, y al hacerlo la convierte en un actor político a favor de un movimiento político. Eso es parte de lo que estamos pagando en este momento”, advierte.
A esos escándalos se añadió en noviembre otro con alcance diplomático, cuando varios uniformados exaltaron a la Alemania nazi, con esvásticas, uniformes e incluso uno de ellos disfrazado de Adolf Hitler, en un evento “pedagógico” de una escuela de policía en Tuluá, en el departamento del Valle del Cauca. El repudio fue unánime, con protestas de las embajadas de Alemania, Israel y Estados Unidos. Algunos observadores aprovecharon la ocasión para recordar que el entomólogo chileno Alexis López ha sido invitado a dar cátedra a militares colombianos a pesar de que en su país lo han señalado como un neonazi. Y que al comienzo de las protestas, el expresidente Uribe apeló al concepto que promueve justamente Alexis López, el de la “revolución molecular disipada”.
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Sobre la firma
Santiago Torrado: Corresponsal de EL PAÍS en Colombia, donde cubre temas de política, posconflicto y la migración venezolana en la región. Periodista de la Universidad Javeriana y becario del Programa Balboa, ha trabajado con AP y AFP. Ha cubierto eventos y elecciones sobre el terreno en México, Brasil, Venezuela, Ecuador y Haití, así como el Mundial de Fútbol 2014.
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A Fateful Year for Colombia's Security Forces
The image of the military and police is cracked between the repression of the protests, the security crisis and the controversies of the Minister of Defense of Iván Duque
In Colombia, the signing of peace with the defunct FARC guerrilla five years ago caused a profound transition to which the military has not been able to adapt with the required speed, and the National Police has not been able to respond to the challenge in 2021, which represented the wave of protests against the government of Iván Duque, an unprecedented social outbreak. The country is heading to close the year with the highest homicide rate per 100,000 inhabitants since 2014, according to data from the Defense Ministry itself. And in the midst of that crisis that multiple indicators show, a succession of scandals has cracked the image of the uniformed.
Both the military and the police have been surrounded by controversy during the three long years of the Duque government, amid a climate of deteriorating security that includes the murder of social leaders, environmentalists and former FARC combatants, the increase in massacres. and repeated episodes of police brutality. Also, in June, an attack with rifle bursts against the helicopter in which Duque himself was traveling in Cúcuta, a border city that has been the target of several attacks, including a car bomb against a military installation. The long list of controversies has provoked various questions regarding the training and doctrine of the Colombian security forces.
Although the Government has responded to the multiple complaints with a closed defense of the public force, and Duque even staged a famous photo with the police uniform at the most critical moment, the historically favorable public perception collapses. The Military Forces maintain a 55% favorable image compared to 42% unfavorable, while the police fare worse, with 35% approval versus 62% rejection, according to the traditional study by the firm Invamer.
“We are at a time of reconfiguration of the conflict, but the public force has not changed enough to combat the new threats, especially in rural areas. While the armed groups have evolved, the public force has not, "says Elizabeth Dickinson, an analyst at the International Crisis Group. For this expert, it is essential to change the indicators of success in the army in favor of the communities and territorial presence. "Today success means captures, casualties and eradication [of illicit crops], but that does not tell us anything about the security situation for those who live in the area." As for the police, she adds, they see the protesters as enemies, and it is urgent to change that mentality. Many voices have called for a comprehensive reform to give it a more civil character and remove it from the orbit of the Ministry of Defense.
Much of the recent discredit stems from the repression of social protest and the excessive use of force. The long-awaited report from the Office of the High Commissioner for Human Rights on the so-called national strike, presented two weeks ago, blamed the police for at least 28 deaths in the framework of the demonstrations that began on April 28. And the year closes with the controversial approval in Congress of the Citizen Security Law, which for some observers exacerbates the risks of police and private violence against protesters. "This law overprotects the Police as it aggravates the crimes against them, thereby dismissing the complaints for their abuses, and disproportionately increasing the penalties for excesses of the protesters," warned the constitutionalist Rodrigo Uprimny in the newspaper El Espectador.
Defense Minister Diego Molano has become an uncomfortable official due to his false exits. Since he took office in February, his management has been surrounded by a string of controversies. Not even the capture of Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel, the head of the Gulf Clan, which the Government has tried to frame as the greatest blow against drug trafficking in this century, has given him a break. The list of storms that he has reaped is extensive. The third Minister of Defense of the Duque Administration replaced Carlos Holmes Trujillo, who died in January due to complications from the coronavirus, and this in turn had assumed after the resignation of Guillermo Botero before the imminent approval of a motion of censure, after having hidden the death of eight minors in a bombing against FARC dissidents. All three have belonged to sectors very close to former President Álvaro Uribe, Duque's political mentor.
Molano himself debuted in March with a scandal over the deaths of minors in another bombing against dissidents, when he referred to those victims of forced recruitment as "war machines." Later, the security policy to quell the protests caused the opposition to have insistently asked for his head. In a failed attempt at a motion of censure, Senator Iván Cepeda He recalled episodes such as the attack by armed civilians against indigenous protesters due to the inaction of the police in Cali, or the aggression of dozens of uniformed human rights defenders. The Foundation for Freedom of the Press (FLIP) also pointed out that the Ministry of Defense was faking a cyberattack to improve its image in the midst of a social explosion.
Molano was the worst valued minister in the entire Cabinet by the more than 1,500 opinion leaders consulted for an annual study by the firm Cifras y Conceptos, the traditional Opinion Panel released in November. At 27 out of 100, he was also the lowest-rated defense minister since the survey was conducted 13 years ago, and even the lowest-rated civil servant in any field. "What most deteriorates the image of the police is abuse by some of its members," says analyst César Caballero, manager of Cifras y Conceptos. “Uribismo politicizes the public force, and in doing so turns it into a political actor in favor of a political movement. That is part of what we are paying at the moment, ”he warns.
To these scandals, another one with diplomatic scope was added in November, when several uniformed men exalted Nazi Germany, with swastikas, uniforms and even one of them disguised as Adolf Hitler, in a "pedagogical" event at a police school in Tuluá, in the department of Valle del Cauca. The repudiation was unanimous, with protests from the embassies of Germany, Israel and the United States. Some observers took the opportunity to recall that the Chilean entomologist Alexis López has been invited to lecture the Colombian military despite the fact that in his country he has been singled out as a neo-Nazi. And that at the beginning of the protests, former President Uribe appealed to the concept promoted by Alexis López, that of the "dissipated molecular revolution."
About the Journalist
Santiago Torrado: Correspondent for EL PAÍS in Colombia, where he covers politics, post-conflict and Venezuelan migration in the region. A journalist from the Universidad Javeriana and a fellow of the Balboa Program, he has worked with AP and AFP. He has covered events and elections on the ground in Mexico, Brazil, Venezuela, Ecuador and Haiti, as well as the 2014 Soccer World Cup.
