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Introducción

Con la toma de posesión de la presidenta Xiomara Castro, las esperanzas de la reducción de la conflictividad socioambiental y agraria en Honduras resurgieron. De hecho, a nivel nacional, desde diversas organizaciones han hecho un llamado reiterativo a la necesidad de intervenir en conflictos históricos como el acontecido en el Valle del Bajo Aguán, departamento de Colón, que ha dejado como resultado cientos de campesinos y campesinas asesinadas, familias enfrentadas y comunidades empobrecidas.

Es de conocimiento público que, en las últimas dos semanas, el consejo de ministros del gobierno, integrado por el ministro de Seguridad, Ramón Sabillón, el ministro y viceministro del Instituto Nacional Agrario (INA), Francisco Fúnez y Rafael Alegría, respectivamente, al igual que el titular de la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (SEDIS), José Carlos Cardona, ha realizado visitas a la zona para buscar una solución al conflicto del Valle del Aguán.

De allí la importancia del presente análisis que, en la primera parte plantea, de forma breve, aspectos históricos para comprender el conflicto en el Valle del Aguán; en el segundo apartado se esbozan los momentos de la agudización de la crisis en los últimos 2 años, que coinciden con el fin del régimen de Juan Orlando Hernández. En un tercer apartado se colocan, en relieve, algunos aspectos que pueden contribuir a gestionar de manera democrática el conflicto agrario y, por último, se identifican una serie de retos estratégicos del movimiento campesino en el actual contexto político, en el esfuerzo por avanzar hacia una salida democrática del conflicto.

I. Puntos históricos para comprender el conflicto agrario en el Bajo Aguán

Todo punto de partida de la conflictividad agraria es la distribución y concentración de la tierra, con una clara influencia de la relación entre los modos y medios de producción, acaparados por los terratenientes y la agroindustria. No es objetivo del documento realizar un análisis exhaustivo sobre este tipo de relaciones sino, más bien, reflexionar desde una perspectiva histórica, importantes para comprender y abordar el actual conflicto del Bajo Aguán:

1. Aprobación de la Ley de Modernización Agrícola (Decreto 31-92) en 1992, durante el gobierno nacionalista de Rafael Leonardo Callejas. Esta normativa, al final resultó una herramienta que facilitó el acaparamiento de la tierra a favor de las agroexportadoras, terratenientes y la línea económica del país, supeditada a los tratados de libre comercio. Esta Ley significó el impulso a un nuevo modelo económico (capitalismo de naturaleza agroindustrial) con las características: “desgravación arancelaria, anulación de franquicias, incremento de impuestos y liberalización de las tasas de interés bancario. Todo lo anterior llevó a la reducción de los impuestos de importación, a la eliminación del proteccionismo local, a la apertura de la economía ante la competencia internacional y al aumento del precio de los combustibles y del transporte”, establecido en el Tratado de Libre Comercio entre la República Dominicana–Centroamérica y los Estado Unidos (DR-CAFTA).
2. Desmantelamiento de la institucionalidad agraria en la década de los noventa, que era la encargada de promover el proceso de la reforma agraria en Honduras y el surgimiento de una nueva institucionalidad, que históricamente ha respondido a los intereses de la agroindustria y soslayado la problemática agraria-campesina.
3. A través de la compra-venta de la tierra, validada por la Ley de Reforma Agraria, la parte más fértil para cultivo fue trasladada a las grandes agroexportadoras. Según datos del Consejo Coordinador de Organizaciones Campesinas de Honduras (COCOCH), entre 1990 y 1994 fueron vendidas 30,587 hectáreas del fondo de la reforma agraria. De ese total, 20,930 hectáreas, es decir, el 73.8%, corresponden al departamento de Colón.
4. En seguimiento al capitalismo de naturaleza agroindustrial, se incrementó el monocultivo de la Palma Africana, Bananos y de la Caña de Azúcar, en detrimento de la producción de granos básicos de consumo familiar, atentando contra la soberanía y seguridad alimentaria. Ese dato se confirma al revisar los diagnósticos sobre Palma Africana, que establecen que el departamento con mayor área de plantaciones es Colón, con más del 51% (49,000 Ha) del total nacional, distribuidas en los municipios de Balfate, Sonaguera, Sabá, Tocoa, Trujillo, Bonito Oriental, Limón y Santa Rosa de Aguán.
5. La aprobación del Acuerdo Marco para la Competitividad de la palma aceitera y otras palmáceas (No. 089-06), como parte de la normativa nacional que continuó proliferando el mercado de tierras, fue un golpe duro a la organización del sector campesino en el Bajo Aguán, porque redefinió el concepto de función social de la tierra y dio paso a la descampesinización (cuando un campesino/a pierde su condición estructural de productor familiar, y pasa a ser un asalariado de origen campesino o un empresario de origen campesino).
6. En el año 2009, durante la crisis del golpe de Estado, el Movimiento Unificado Campesino del Aguán (MUCA), inició el mayor proceso de recuperación de tierras de los últimos años. En total, fueron 28 recuperaciones las que se efectuaron entre los meses de diciembre del 2009 y febrero del 2010.
7. Los procesos de recuperación de tierras requerían, según la lógica de gobierno, una intervención bajo la contrainsurgencia político-militar. Es así que, a partir del 2010, la zona del Bajo Aguán fue militarizada por orden presidencial, debido a que se instaló una fuerza de tarea de intervención militar llamada Baruch, y se aprobó una ley de desarme general para el departamento de Colón. Como resultado de la intervención militar, en el período 2008-2013, el Observatorio de los Derechos Humanos del Aguán (OPDHA), contabilizó un total de 129 asesinatos de campesinos y campesinas.
8. En el tema de impunidad de asesinatos de campesinos y campesinas, se requirió de la creación de la Unidad de Muertes Violentas del Bajo Aguán (UMVIBA). La misión de esta Unidad era diligenciar el acceso a la justicia, a fin de determinar los culpables de los asesinatos. Sin embargo, su inoperatividad ha sido clara y denunciada por los sectores campesinos porque no se resuelven las investigaciones y no hay personas responsables judicializadas.
9. En abril del 2010, el presidente nacionalista Porfirio Lobo Sosa firmó acuerdos con el MUCA, en los que se comprometía a entregar al campesinado 11 mil hectáreas de tierra, siete mil cultivadas de palma africada y el resto incultas (solamente se recibieron 4 mil hectáreas), también se habló de estructurar el plan de negocio para establecer el valor de la tierra y la construcción de 500 viviendas, al igual que la prestación de los servicios de educación y salud pública. La firma de los acuerdos solo reafirmó la falta de voluntad política por parte del gobierno para la solución de la crisis y la forma en que el Instituto Nacional Agrario (INA), se prestó, nuevamente, a favorecer los intereses de las agroexportadoras y terratenientes.
10. En los últimos años, una gran cantidad del territorio del Valle del Aguán ha sido controlado por grupos dedicados al narcotráfico. En una zona de conflictividad agraria, la presencia de este tipo de estructuras ha contribuido a fortalecer las formas de infiltración de las organizaciones de base campesinas y a aumentar la violencia en la región. Históricamente el Estado de Honduras, desde sus diferentes estructuras, ha participado en estas actividades ilícitas y conoce perfectamente los carteles de droga involucrados, pero decidió no tomar acción, y dejar más vulnerables a las comunidades rurales y campesinas de la zona.
11. Con muy pequeñas excepciones, la gran mayoría de procesos de reforma agraria, están caracterizados por la completa visibilización y exclusión de las campesinas en los procesos de redistribución de la tierra, al igual que de medidas afirmativas que aseguren el acceso a la tecnología y presupuesto.

Estos puntos previos, en resumen, son:

• La clara muestra de la apuesta económica nacional por una matriz de producción primaria agroexportadora, en detrimento de la producción campesina.
• La intención del Estado de Honduras por continuar bajo un modelo de militarización y seguridad, como forma de resolución del conflicto, que únicamente han dejado un costo social para el sector campesino.
• El desmantelamiento de la institucionalidad pública, como génesis para la promoción de las políticas privatizadoras internacionales.

II. Agudización de la crisis en el Bajo Aguán (2017-2022)

El momento coyuntural en el Bajo Aguán gira alrededor de los siguientes puntos:

1. Recuperación de tierras

Desde el año 2017, ante la falta de respuesta del gobierno del ex mandatario nacionalista, Juan Orlando Hernández, y el desplazamiento forzado de la población que ha originado la violencia y la pobreza en la zona del Bajo Aguán, desde la Plataforma Agraria (PA), se anunció un proceso de recuperación de tierras, amparado en la emisión de títulos de propiedad definitivos a favor de las cooperativas campesinas, con copia íntegra del título, bajo la custodia del INA; constancias de libre gravamen extendidos por el Registro de la Propiedad (IP), y el recibo de pago de la tierra del INA, que los acredita como legítimos dueños.

Pero la reacción por parte de la institucionalidad fue la emisión de órdenes de desalojos y captura hacia el sector campesino. Asimismo, la continuidad de la política de militarización, manifestada en el despliegue de efectivos de la Fuerzas Especiales Cobras y la Fuerza de Tarea Xatruch, que han realizado desalojos violentos.

1. Violencia terrateniente, empresarial y paramilitar

La lógica de manipulación y violencia en el marco del conflicto agrario sigue promoviendo:

a) violencia discursiva: en las narrativas del debate público, continúan instalándose las narrativas de “invasores de tierra” que criminalizan, pero también anulan la discusión sobre la naturaleza del conflicto.
b) violencia física: el conflicto ha dejado más de 6 desalojos violentos en los últimos 2 años, confrontaciones entre los guardias se seguridad de la empresa privada y entes represivos del Estado, con grupos campesinos. Como salgo, muchas personas han resultado heridas.
c) violencia estructural: este tipo de violencia continúa siendo ejercida desde las diferentes instituciones del Estado para judicializar la acción de defensoría territorial.
d) violencia directa: acontece alrededor de una serie de asesinatos selectivos hacia el principal liderazgo campesino, en un contexto de control territorial por fuerzas estatales y no estatales.

Es importante reiterar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a través de las medidas cautelares otorgadas en el 2014 (MC50-14), a la mayoría de organizaciones campesinas en el Valle del Aguán, insistió en que el Estado de Honduras asumiera  “las  medidas  necesarias  para  garantizar  la  vida  y  la  integridad  personal  de  las  personas individualizadas en la resolución” y que “informe  sobre  las  acciones  adoptadas  a  fin de  investigar  los  presuntos  hechos  que  dieron lugar  a  la adopción  de  la  presente  medida  cautelar  y  así  evitar  su  repetición”. Sin embargo, se ha denunciado el incumplimiento de esas medidas.

1. Comisión tripartita firma acuerdo para solucionar el conflicto del Aguán

Con la nueva administración de gobierno, se asume que se da inicio a otro proceso para llegar a la solución del conflicto agrario en el Valle del Aguán. Este elemento es parte de la coyuntura, porque desde la PA se denunció que en su primera visita (9 de febrero) los ministros pretendieron que las familias campesinas abandonasen la tierra que legalmente les pertenecía. Posterior a la denuncia, el consejo de ministros se movilizó nuevamente y han firmado un acuerdo para solucionar el conflicto.

Parte de la comprensión de la coyuntura actual es identificar los actores y su posicionamiento en relación con el conflicto:

a) Consejo de ministros: ha expresado la voluntad de la revisión del estatus jurídico de las tierras en disputa por las empresas campesinas y por las grandes empresas de la agroindustria en la zona. Mientras se desarrolla ese proceso, las empresas y el gobierno se comprometen a detener los desalojos en el Aguán; los enfrentamientos entre grupos que no son agrarios los tratará el Ministerio Público (MP), y la Policía Nacional.

b) Plataforma Agraria: logró posicionar el origen del conflicto, es decir, la forma jurídica de adquisición de la tierra y la determinación de la propiedad. Este acuerdo es significativo para el sector campesino porque es un proceso de trabajo conjunto y la punta de la lanza para iniciar un proceso verdadero de justicia y reparación para las familias que perdieron a sus familiares en el marco del conflicto.

Recogiendo todos los puntos de quiebre históricos y sus agudizaciones, y tomando en cuenta que el Estado de Honduras es garante de la promoción de las políticas que favorecen a las grandes agroexportadoras, es válido dejar en el debate los siguientes puntos:

• El modelo económico del país, que ha sido sostenido por pactos comerciales y políticos de las élites, en detrimento de la concepción campesina de producción, de alimentación y de gestión de recursos.
• La política de control territorial, promovida por fuerzas estatales y no estales en los últimos 12 años, ha favorecido sus intereses por la tierra, producción y ganancias.
• El Valle del Aguán es el claro ejemplo de las relaciones de producción, con violencia y altos índices de impunidad, en relación con los asesinatos en la zona. Es decir, no hay voluntad política por retomar el conflicto desde raíz y la urgencia de una verdadera reforma agraria, se torna necesaria.
• En toda la narrativa, las mujeres campesinas no se mencionan y tampoco se destacan como sujetas de derechos en contextos de conflictividad. Debido a ello, su marginación y exclusión son evidentes.
• La empresa privada continúa siendo el sector representativo de una política agraria desigual, que únicamente perpetúa la pobreza en Honduras y, en este caso, en las zonas del Bajo Aguán.
• Con las experiencias previas y el control de los terratenientes en la zona, ¿cuál será la mejor manera de abordar el conflicto?

III. Puntos para gestionar democráticamente el actual conflicto agrario en el Bajo Aguán, bajo un enfoque de derechos

En este apartado se recogen los principales elementos que podrían contribuir a gestionar el actual conflicto agrario, devenidos de posicionamientos que el liderazgo campesino sostuvo en un foro comunitario, realizado el 5 de febrero, en uno de los asentimientos campesinos de la Plataforma Agraria. El CESPAD participó en ese evento, con una intervención sobre las formas de despojo territoriales, en relación con el tema agrario en Honduras.

En el caso particular del Bajo Aguán, los conflictos agrarios son multidimensionales. Sus causas y consecuencias nos remiten a problemas estructurales que es necesario identificar para gestionar la conflictividad agraria, de manera estratégica y desde un enfoque de derechos. En ese sentido, gestionar democráticamente ese conflicto, conlleva a poner en el centro del debate los siguientes aspectos:

1. Investigación jurídica sobre títulos de propiedad y legalización de tierras en litigio.

Tal como sucede alrededor de los conflictos agrarios en el país, en el Bajo Aguán los terratenientes y sectores de la agroindustria han obtenido títulos de propiedad con dudosa procedencia legal. La investigación sobre la naturaleza de los títulos es un punto importante para emprender medidas necesarias que conlleven, en el corto y mediano plazo, a una salida democrática al actual conflicto. Lo anterior es posible alrededor de la conformación de un equipo especializado jurídico que ponga en el centro del análisis algunos temas de importancia:

i) determinar si los títulos de propiedad de los terratenientes y del sector agroempresarial se obtuvieron con base en lo que establece la normativa nacional.
ii) determinar el camino legal correspondiente sobre los casos en los cuales los terratenientes y la agroindustria posean tierras por encima del techo que establece la normativa nacional.
iii) poner a disposición, para fines de reforma agraria, las tierras incautadas por la OABI en el Bajo Aguán, en beneficio del sector campesino.
iv) hacer las recomendaciones pertinentes para que el INA extienda, de manera inmediata, los títulos de propiedad de las tierras que se encuentran en litigio, en beneficio del sector campesino

1. Identificación y reparación de violación de derechos humanos

Son múltiples los informes nacionales e internacionales que ilustran la violación de derechos humanos y territoriales, alrededor de la conflictividad agraria en el Bajo Aguán. Los informes señalan la vulneración de derechos como el acceso a la tierra, la libertad de pensamiento y de asociación; criminalización y judicialización, acceso a la justicia, asesinatos, impunidad, entre otros. Los altos niveles de impunidad y violencia en el Bajo Aguán exigen la construcción de una política regional de reparación de violación de derechos humanos que promueva, entre otras cosas:

i) Identificar los patrones de violación de derechos humanos y derechos territoriales, posicionando el abordaje de justicia campesina.
ii) Una investigación exhaustiva sobre los actores políticos y económicos responsables de la vulneración de derechos.
iii) Acciones penales contra empresas y terratenientes que, haciendo uso de su poder, incidieron ante el sistema de justicia, político y militar para vulnerar derechos.
iv) Acceso a la justicia campesina para que este sector se defienda en el campo legal, de los actos cometidos en su contra, por los terratenientes y sector agroempresarial.
v) Creación de una política de reparación de daños hacia las personas que han sido víctimas de la violencia terrateniente, paramilitar, empresarial y estatal, que comprenda elementos económicos, psicológicos, emocionales, entre otros.

1. Desmilitarización del territorio-región campesino.

La militarización en el Bajo Aguán ha sido promovida desde el Estado, para resguardar los intereses del sector terrateniente y agroempresarial, promotora de la actual crisis de derechos humanos que golpea a la región y, en particular, al sector campesino que defiende su derecho a la tierra.

La desmilitarización tendrá que poner en el centro algunos elementos claves:

i) regulación de las empresas de seguridad privada del sector agroindustrial
ii) retiro gradual de las fuerzas militares especiales instaladas en la región
iii) el fortalecimiento y/o creación de un circuito de instituciones públicas encargadas de promover una cultura de paz, para la transformación democrática de los conflictos agrarios y,
iv) la construcción de redes de seguridad comunitaria, bajo un modelo democrático que permita avanzar en un proceso de pacificación y la sana convivencia en las comunidades asediadas por el conflicto agrario.

1. Enfrentar estratégicamente al crimen organizado y al paramilitarismo instalado en el territorio-región del Bajo Aguán.

Este aspecto se coloca como punto estratégico para avanzar en el proceso de desmilitarización antes expuesto, y como medida para frenar el control territorial que, en la última década, ha sostenido a las fuerzas no estatales (bandas delincuenciales, paramilitares y narcotráfico). En materia de seguridad pública-territorial, lo anterior conlleva a emprender acciones orientadas a identificar:

i) estrategias de control emprendida por las fuerzas no estatales,
ii) formas de actuación paramilitar en un contexto generalizado de contrainsurgencia político-militar y,
iii) estrategias de repuesta policial y militar (en perspectiva de contrainteligencia) que de manera táctica, coyuntural y estratégica bloqueen las acciones de contrainsurgencia, para lograr su debilitamiento operativo y sistémico.

1. Impulsar un nuevo marco de política agraria para el territorio-región del Bajo Aguán.

En el seno del movimiento campesino del Bajo Aguán, las organizaciones son conscientes que para cerrar las brechas estructurales que determinan y promueven el actual conflicto agrario, es necesario impulsar un nuevo marco de políticas, alrededor de un nuevo proceso de reforma agraria. Desde la mirada de las organizaciones, este proceso debe girar alrededor de los siguientes elementos:

i) transformación de la matriz económica agroindustrial promovida por el capitalismo agrario y la implementación un nuevo modelo agrario que diversifique la producción agrícola, centrado en la soberanía alimentaria.
ii) redistribución equitativa de la tierra en beneficio del sector campesino productor.
iii) creación de una nueva institucionalidad agraria que cruce el componente ambiental y territorial
iv) promoción de nuevos modelos de organización y producción campesina, alrededor del enfoque de la soberanía alimentaria
v) robustecer el mercado agrícola regional, mediante reformas económicas que prioricen el fortalecimiento del mercado interno y las diferentes cadenas de valor y
vi) el impulso de políticas ambientales de largo alcance, orientadas a mitigar los efectos que históricamente la agroindustria ha provocado, en un contexto de ecocidios territoriales a gran escala.

En el fondo, se trata de avanzar en formas alternativas al desarrollo que promueve el capitalismo agroindustrial, y transitar hacia un nuevo modelo agrícola en consonancia con el respeto de los derechos humanos y derechos territoriales de las comunidades rurales y campesinas.

IV. Retos del movimiento campesino en la actual coyuntura en el Bajo Aguán

Partiendo de nuevo contexto y la voluntad política que el gobierno de Xiomara Castro está mostrando alrededor del conflicto agrario en el Bajo Aguán, el movimiento campesino se enfrenta a los siguientes retos estratégicos:

1. Avanzar en la organización orgánica del movimiento campesino.

El proceso de contrarreforma agraria debilitó la organización de base del movimiento campesino y la atención de las organizaciones se enfocó en resistir a la política de control territorial desarrollada con fuerza luego de golpe de Estado del 2009. En ese sentido, el fortalecimiento del movimiento campesino será de suma importancia para incidir, de manera estratégica, en la movilización de sus propuestas de cambio y transformación agrícola, en el nuevo contexto político.

1. Reposicionamiento del conflicto desde la mirada campesina.

Durante la administración de Juan Orlando Hernández, el conflicto en el Bajo Aguán fue opacado por el sector terrateniente y agroempresarial, actores que haciendo uso de una serie de medios de comunicación, legitimaron su discurso, mientras que las voces campesinas fueron, en su totalidad, excluidas. Los actuales esfuerzos del gobierno de Castro, abren un espacio importante para que el movimiento campesino reposicione el actual conflicto desde su narrativa e intereses de clase. En materia de política comunicacional, el reposicionamiento del conflicto deberá enfocarse en los elementos estructurales que determinan la conflictividad agraria, el impacto que esos elementos han tenido en la vida de las familias campesinas, en un contexto de control territorial por actores estatales y no estatales, y las propuestas de cambio agrícola que se han desarrollado y planteado en los últimos años.

1. Alianzas estratégicas con organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos.

Este aspecto se establece como punto de partida para crear redes de apoyo al conflicto y tejer redes en materia de denuncia e incidencia, con el objetivo de ejercer presión para que el gobierno emprenda las medidas necesarias para darle respuesta a las demandas del sector campesino. Las alianzas deberán consolidarse alrededor de un fuerte proceso de articulación, que genere las condiciones para realizar incidencia y movilizar la propuesta de cambio agrícola del movimiento campesino.

1. Potencializar espacios de debate político- estratégico alrededor de la resolución del con conflicto agrario.

Es importante que el movimiento campesino potencie los espacios de análisis que se han abierto en los últimos años, con el objetivo de seguir reflexionando sobre las principales estrategias de actuación en el marco del conflicto agrario.

Esos espacios deberán priorizar el debate estratégico sobre las alternativas trazadas, para cambiar la matriz económica en la región y las nuevas políticas estratégicas de incidencia, en el marco del nuevo Gobierno.

Si en el contexto del golpe de Estado del 2009, el debate giró alrededor de las estrategias de despojo de la propiedad campesina, en la actual coyuntura el debate deberá viabilizar, en materia de políticas públicas, los planteamientos y propuestas del movimiento campesino, sin perder el espíritu crítico y reflexivo de las acciones que podrían emprenderse desde el Estado, y que podrían afectar los intereses del sector campesino.