Alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad
Josep Borrell Fontelles
Embajador de la Unión Europea en Honduras
Alessandro Palmero
Coordinador de la Oficina Técnica de Cooperación de la Agencia Española de Cooperación al Desarrollo (AECID) en Honduras
Juan Jose Sanzberro
Estimados señores,
En distintas ocasiones hemos transmitido nuestra preocupación por la situación de defensoras y defensores de Derechos Humanos y la criminalización y persecución estatal contra organizaciones de base como la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH) y el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas (COPINH). Más recientemente nos hemos pronunciado con preocupación por los presos políticos de Guapinol y la situación de vulnerabilidad frente a la Covid-19.
En nuestra inquebrantable solidaridad con el pueblo hondureño, estamos siempre alerta frente a estas situaciones y en esta ocasión, nuestra preocupación se exacerba en el marco de la pandemia por Covid-19 y sus consecuencias sobre las comunidades lencas y garífunas, que carecen de cobertura por parte del sistema de salud local. Como un ejercicio de auto organización y auto defensa, tanto el COPINH como OFRANEH han establecido medidas de bioseguridad y otras dirigidas a paliar la falta de alimentos, atención sanitaria y protección de las mujeres frente a la violencia machista en el ámbito doméstico -sólo durante la pandemia se han documentado 83 feminicidios y más de 18.000 casos de violencia doméstica, según la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos-, respondiendo así a la ausencia de un Estado del que solo reciben una incesante represión.
Nuestra preocupación se transforma en indignación cuando nos llegan noticias de los asesinatos, ataques y detenciones arbitrarias que se han cometido en territorios garífunas y lencas en medio de la crisis sanitaria y donde se han visto implicadas fuerzas de seguridad del Estado y del crimen organizado. En estos meses se ha detenido a miembros del COPINH mientras hacían labores de asistencia, se han atacado puntos de bioseguridad del OFRANEH que también ha perdido miembros que han sido asesinados por realizar labores de bioseguridad de las comunidades como medida frente a la pandemia.
Al mismo tiempo, en el estado de emergencia se ha aprobado el Decreto Ejecutivo PCM 030-2020 que permite la venta de tierras nacionales y ejidales convirtiendo los territorios en mercancías y se ha impulsado el proyecto de “Ciudades Modelo”, contrarias a un modelo democrático de gobernanza. En definitiva, la emergencia sanitaria está siendo usada como excusa para fortalecer el autoritarismo y reprimir las estrategias de supervivencia y defensa del territorio que vienen articulando los pueblos lencas y garífunas con una importante participación y protagonismo de las mujeres. En un contexto, además, en el que la pandemia y las medidas de confinamiento han agravado la vida de las mujeres porque las ha colocado en primera línea de los servicios de salud insuficientemente protegidas, ha profundizado la feminización de la pobreza, ha incrementado su carga de trabajo global, ha limitado el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos, y las ha obligado a confinarse con los agresores en sus casas.
No podemos mirar hacia otro lado en esta sistemática violación de derechos o seríamos cómplices de los verdugos. Como será de vuestro conocimiento, la Unión Europea viene apoyando a Honduras en la temática de Derechos Humanos y específicamente en materia de protección a personas defensoras de derechos humanos, e ingentes cantidades de fondos han sido canalizados a través de Eurojusticia para los componentes de lucha contra la impunidad y el fortalecimiento de la justicia desde el 2013. Del presupuesto asignado en el periodo 2013-2018 (aproximadamente € 31.181.830), unos € 27.500.000 fueron aportación de la UE, mediante dos modalidades de gestión: Presupuesto Programa y €8.388.840 mediante cooperación delegada a través de la AECID. También se financian dos programas complementarios en el marco del apoyo bilateral de la UE en el sector Seguridad (unos 9 millones de euros) y Derechos Humanos (5 millones de euros).
Además, hay que recordar las prioridades definidas por la Comisión en la actual Estrategia para la Igualdad de Género 2020-2015, donde, en materia de política exterior, reafirma su compromiso con los derechos humanos de las mujeres (incluidos los derechos sexuales y reproductivos), el fin de la violencia contra ellas o el fomento de su empoderamiento económico y social, que se verá reflejado, por ejemplo, en el III Plan de acción para la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres en las relaciones exteriores, sin olvidar la puesta en marcha de la Iniciativa Spotlight o los compromisos presupuestarios en esta materia.
Frente a los hechos, podemos inferir en que la financiación de la UE no está revirtiendo en seguridad, justicia, respeto a los derechos humanos del pueblo hondureño o en garantías para la defensa de los mismos, además de incumplir con los compromisos adquiridos en materia de política exterior e igualdad de género. Al contrario, las evidencias nos demuestran que se está fortaleciendo un sistema represor contra comunidades lencas y garífunas auto organizadas en la defensa del medio ambiente, sus territorios y derechos fundamentales. En ese sentido, queremos transmitir nuestra inquietud por la escasa atención e implicación de la Unión Europea frente a las vulneraciones de derechos en Honduras y en especial a las comunidades, mujeres y hombres que los defienden.
Por todo lo anteriormente expuesto, reclamamos urgentemente a la UE medidas contundentes dirigidas a:
1. Que manifieste su solidaridad con las comunidades lencas y garífunas y con el COPINH y OFRANEH que son, respectivamente, la expresión organizada de estos pueblos.
2. Que, en el marco del diálogo político, exija a las autoridades hondureñas el más estricto respeto de derechos humanos de las comunidades lencas y garífunas, un cese de la represión y hostilidad que vienen sufriendo y faciliten la labor humanitaria y de prevención que ambas organizaciones están desarrollando en el marco de la pandemia en los territorios.
3. Que, a la luz de las múltiples denuncias relacionadas con violaciones de derechos humanos, corrupción y represión del aparato estatal:
a) Se condicione el apoyo que desde la política exterior de la UE se presta al Estado hondureño, al cumplimiento de los derechos humanos y los compromisos adquiridos en materia de igualdad de género.
b) Se suspendan los programas de cooperación actuales y previstos con las autoridades hondureñas, y que se canalicen estos fondos a través de las organizaciones de la sociedad civil;
c) Se suspenda el acuerdo de Asociación con Honduras dado que no se están cumpliendo las salvaguardas pertinentes.
Atentamente,
María Eugenia Rodríguez Palop, Eurodiputada GUE/NGL
Miguel Urbán Crespo, Eurodiputado GUE/NGL
Leïla Chaibi, Eurodiputada GUE/NGL
Nikolaj Villumsen, Eurodiputado GUE/NGL
Helmut Scholz, Eurodiputado GUE/NGL
