Es urgente reformar la justicia y adoptar otras medidas
(Washington D.C.) – El gobierno de Honduras debe adoptar reformas que brinden una mayor protección para los derechos fundamentales y el Estado de derecho tras años de retrocesos desde el golpe de 2009, señaló hoy Human Rights Watch al dar a conocer una carta dirigida a la presidenta Xiomara Castro. La carta está acompañada por un informe de 14 páginas que describe los principales desafíos en materia de derechos humanos en Honduras, así como una serie de recomendaciones claves para abordarlos.
“La presidenta Castro generó una gran expectativa de cambio al incluir en su plataforma electoral medidas orientadas a defender los derechos humanos y terminar con años de negligencia y abusos por parte de gobiernos anteriores”, dijo Tamara Taraciuk Broner, directora en funciones para las Américas de Human Rights Watch. “La presidenta Castro debe cumplir con esas promesas propiciando una reforma de la justicia que facilite la lucha contra la corrupción y defienda los derechos básicos, particularmente de grupos vulnerables”.
Las principales cuestiones que Human Rights Watch aborda en el informe son la independencia de la justicia y del Ministerio Público, la lucha contra la corrupción, los derechos de mujeres y niñas, los derechos de las personas lesbianas, gais, bisexuales y transgénero (LGBT), el trabajo independiente de la sociedad civil y los periodistas, los derechos de las comunidades sobre la tierra y la migración y el desplazamiento interno.
El sistema de justicia de Honduras sufre los efectos de la interferencia política desde hace años. Existe una falta de criterios claros para elegir a los jueces, los magistrados de la Corte Suprema y otros funcionarios judiciales de alto rango, haciendo que los nombramientos sean pasibles de manipulación. A su vez, el presidente de la Corte Suprema tiene la facultad de administrar todo el sistema judicial.
La presidenta Castro debería presentar un proyecto de ley para asegurar la independencia judicial, creando un sistema imparcial, transparente e independiente para el nombramiento, los traslados, el ascenso y el sistema disciplinario de los jueces, entre otros puntos. Human Rights Watch también recomienda introducir cambios en los procedimientos para nombrar a los magistrados de la Corte Suprema, al fiscal general y a otros funcionarios de alto rango a fin de que su selección sea transparente, se base en criterios claros y no esté afectada por interferencia política.
Otro desafío fundamental es la corrupción. La Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), una iniciativa respaldada por la Organización de los Estados Americanos, aportó recursos y experiencia desde 2016 y hasta 2020. Pero el entonces presidente Juan Orlando Hernández se negó a renovar su mandato. Una unidad fiscal creada por la MACCIH investigó y presentó cargos contra funcionarios de alto nivel, en muchos casos vinculados con la malversación de fondos que estaban destinados a promover derechos humanos, como el derecho a la salud y la educación, y a mitigar la pobreza. El Congreso respondió promulgando varias leyes que han obstaculizado la lucha contra la corrupción y han afectado la transparencia y la rendición de cuentas.
Human Rights Watch apoya la decisión de la presidenta Castro de buscar la creación de una nueva comisión contra la corrupción y la impunidad respaldada internacionalmente. Esa comisión debería tener facultades amplias y contar con el apoyo del gobierno para investigar casos, propiciar reformas, capacitar a policías y funcionarios de la justica y colaborar con la sociedad civil, manifestó Human Rights Watch.
Human Rights Watch también instó a la presidenta Castro a proteger a las mujeres contra la violencia de género, adoptando diversas medidas, especialmente para garantizar que las investigaciones policiales de esos casos sean más eficaces, dada la impunidad generalizada de estos hechos en la actualidad. La presidenta Castro debería instar al Congreso a ratificar el Convenio sobre la violencia y el acoso (C190) de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para combatir la violencia de género y el acoso en el ámbito laboral, y a adecuar la legislación a lo establecido por ese tratado.
Asimismo, la actual prohibición total del aborto y de la pastilla anticonceptiva de emergencia pone en riesgo a mujeres y niñas y viola sus derechos. Human Rights Watch instó a la presidenta Castro a presentar un proyecto de ley para despenalizar el aborto, a derogar la resolución que prohíbe la pastilla anticonceptiva de emergencia y a garantizar que ella esté disponible y sea accesible para todas las personas.
En materia de derechos de las personas LGBT, Human Rights Watch recomienda a la presidenta Castro mejorar la investigación policial de casos de violencia motivados por la orientación sexual o la identidad de género de la víctima y establecer un procedimiento para el reconocimiento legal del género para las personas trans. También debería enviar un proyecto de ley al Congreso para permitir el matrimonio entre parejas del mismo sexo, entre otras reformas necesarias.
Honduras es uno de los países latinoamericanos más peligrosos para los defensores de derechos humanos y los periodistas. Es habitual que las amenazas y los ataques en su contra queden en la impunidad. Honduras debe reformular su mecanismo de protección. También debe retirar imputaciones infundadas contra defensores de derechos humanos, consideradas por los defensores como represalias o actos de intimidación por su trabajo, particularmente para quienes defienden los derechos sobre la tierra y el medioambiente, señaló Human Rights Watch.
Los conflictos por la tierra son el motivo de numerosos problemas de derechos humanos en Honduras. Durante gobiernos anteriores se otorgaron concesiones de tierra y recursos a empresas mediante contratos que carecen de transparencia, sin llevar a cabo la correspondiente consulta con las comunidades locales, y que han dado lugar a denuncias de corrupción.
La presidenta Castro debe establecer un sistema eficiente para otorgar títulos de propiedad de tierras ancestrales a comunidades indígenas y comunidades de ascendencia mixta africana e indígena, conocidas en Honduras como garífunas, y procurar la resolución de los conflictos por la tierra. Su gobierno debe obtener el consentimiento libre, previo e informado de estas comunidades respecto a las medidas que pueden afectarlas, de conformidad con los estándares internacionales, señaló Human Rights Watch.
Por último, Human Rights Watch instó a la presidenta Castro a trabajar con la comunidad internacional y la sociedad civil para proteger a los migrantes que se encuentran en tránsito y a los desplazados internos, así como ayudar en la reintegración social de los hondureños que son retornados desde otros países. Es de vital importancia abordar los motivos que impulsan a los hondureños a abandonar sus hogares, lo cual requiere de medidas decisivas para resolver los problemas de derechos humanos sumamente graves que se detallan en la carta de Human Rights Watch, y que incluyen desde violencia por parte de pandillas hasta impunidad y corrupción.
