Ante una posible instalación de la CICIH, hay intensos movimientos en el Congreso Nacional para ajustar los procesos de elección del Fiscal General y de los 15 nuevos magistrados de la CSJ en el 2023. Para analizar esta situación, las experiencias de la CICIG en Guatemala y de la CICIES en El Salvador son útiles, por ser comisiones similares a pesar de ser contextos diferentes.
Texto de Leonardo Aguilar
Con reportes de María Celeste Maradiaga.
Las discusiones sobre la posible instalación de una Comisión Internacional Contra la Corrupción y la Impunidad (CICIH) —promesa de campaña de la presidenta Xiomara Castro— ha agitado los cabildeos por controlar el Poder Judicial y el Ministerio Público.
Pero hay dos hechos que tienen dividida a la sociedad civil y al Gobierno y alimentan el debate. El primero es el decreto de amnistía, que exime de responsabilidad penal a los servidores públicos del gobierno del expresidente José Manuel Zelaya (2006-2009) y, el segundo, las pugnas por el nombramiento del Fiscal General y de los magistrados de la CSJ.
«A inicios de febrero del año en curso debemos mencionar que se aprobó [en el Congreso Nacional] un pacto de impunidad, y como consecuencia se han repartido cartas de libertad a personajes acusados por corrupción, confundiendo intencionalmente los delitos políticos con los delitos contra la administración pública», dijo la directora del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Gabriela Castellanos.
Las palabras de Gabriela Castellanos sonaron durante una comparecencia de prensa por el lanzamiento de la Convergencia Anticorrupción, que se ha formado precisamente para pedir la pronta instalación de la CICIH.
A través del decreto 4-2022, denominado «Ley para la reconstrucción del estado constitucional de derecho y para que los hechos no se repitan» se han otorgado cartas de libertad en favor de exfuncionarios del gobierno del presidente José Manuel Zelaya Rosales, esposo de la presidenta Xiomara Castro.
«Esto genera un clima de inseguridad jurídica, eximiendo de responsabilidad a funcionarios o exfuncionarios, porque si ellos cometieron delitos y están comprobados, deben de enfrentar la justicia, como todos y todas», explicó, con micrófono en mano, Gabriela Castellanos.
Los exfuncionarios Marcelo Chimirri Castro (familiar de Xiomara Castro) y Enrique Lanza (mano derecha del expresidente José Manuel Zelaya Rosales 2006-2009), fueron los primeros en ser beneficiados con el decreto de amnistía.
Durante el lanzamiento de la Convergencia Anticorrupción, conformada por sectores de sociedad civil y del gobierno, la directora ejecutiva del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Gabriela Castellanos, abogó por la independencia de poderes y explicó que la CICIH debería accionar «sin restricción de espacios (y) sin restricción de tiempos».
Agregó además que los nombramientos que hará el Congreso Nacional «van a determinar no solamente temas de justicia y contra la corrupción, sino la imagen internacional del país».
La Convergencia Anticorrupción también está integrada por el designado presidencial Salvador Nasralla, el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), la Comisión Anticorrupción del Congreso Nacional y la Secretaría de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción.
El designado presidencial de Honduras tiene dudas sobre la llegada de la CICIH
El jueves 17 de febrero, apenas dos semanas después de haber tomado posesión, la presidenta hondureña Xiomara Castro envió una carta a la Organización de las Naciones Unidas, presidida por el portugués António Guterres, solicitando la instalación de la CICIH.
El envío de la carta formaba parte del intento por cumplir una promesa de campaña. Meses después, la ONU envió una misión exploratoria encabezada por el vocero Andrés Salazar quien dijo a los medios de comunicación el 13 de mayo, al culminar la visita, que el objetivo de la misión era conocer qué exactamente era lo que se pretendía instalar en Honduras.
Salvador Nasralla indicó a Contracorriente que teme que no se produzca la llegada de la CICIH porque a pesar de que él, que es una especie de vicepresidente de Xiomara Castro, no conoce el contenido de la carta que envió Xiomara Castro a la ONU.
«No tengo un informe del intercambio de cartas, me imagino que los medios tienen las cartas (ironizó), ¿en qué condiciones pidió la CICIH?, ¿ustedes lo saben?, yo no lo sé», sostuvo.
Nasralla subió el tono y explicó que si la petición de Xiomara Castro contempla una «defensa para los delincuentes, si la Constitución de Honduras defiende a un delincuente que fue presidente o cosas por el estilo, entonces la CICIH no va a poder actuar, hay que ver cuáles van a ser las limitaciones que va a tener esa comisión que se pretende instalar en Honduras», afirmó Nasralla.
«La gente que ha gobernado Honduras durante los últimos 40 años e incluso durante épocas militares, se robaron prácticamente el país. Y cuando vino la democracia siguieron robando y robaron más», agregó.
Xiomara Castro llegó al poder gracias a una alianza que hizo con varios sectores, entre estos el más fuerte era Salvador Nasralla quien depuso su aspiración presidencial para no dividir los votos contra Juan Orlando Hernández. A cambio, Nasralla fue incluido en la fórmula presidencial de Xiomara Castro y se pactó en ese momento entregarle la presidencia del Congreso Nacional a Luis Redondo, miembro del partido PINU, otro de los sectores de la alianza.
Ahora Nasralla se ha posicionado en contra de ese decreto de amnistía que aprobó el propio Luis Redondo, quien, en medio de un conflicto legislativo, fue electo presidente del Congreso Nacional con menos de 50 votos, de los 65 legalmente requeridos, pero fue legitimado por la presidenta Xiomara Castro con el argumento de que grupos oscuros y afines a Juan Orlando Hernández pretendían apoderarse del Legislativo.
«Una comisión con dientes»
La crisis de legalidad en el Congreso Nacional terminó favoreciendo ampliamente a la familia presidencial, ya que como Secretario del Congreso resultó nombrado Carlos Zelaya Rosales, cuñado de la presidenta Xiomara Castro, padre del actual secretario de Defensa José Manuel Zelaya Jr. y hermano del expresidente (asesor presidencial) José Manuel Zelaya.
Gabriela Castellanos le dijo a Contracorriente que la CICIH debe ser un actor clave en los procesos judiciales: «Esa facultad pasa por la figura de querellante adhesivo, para que realmente una CICIH pueda actuar de manera independiente, porque los sectores de este país todos están muy comprometidos con temas de corrupción e impunidad».
Castellanos coincide con Nasralla en que todavía no hay certeza de que la CICIH venga a Honduras: «Hay mucho ruido de cuándo va a llegar la misión, pero yo quiero que nos preguntemos si realmente va a llegar esa misión, ¿realmente va a haber un consenso entre el gobierno y Naciones Unidas?, ¿vamos a tener una misión que no solamente venga a asesorar y a capacitar?», preguntó.
Castellanos aspira a que el CNA, de venir la CICIH, tenga el mismo acercamiento que tuvo con la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad (Maccih). «Con la única organización de sociedad civil que firmó convenio la Maccih fue con el CNA, pero más allá de firmar un convenio, queremos decir que de las 14 líneas de la Maccih, 7 eran del CNA».
La diputada Fátima Mena, quien preside la comisión anticorrupción en el Congreso y quien forma parte de la Junta Directiva del Legislativo, afirmó que hay que garantizar que «esa CICIH se instale y que se instale con dientes».
Fátima Mena, que se reunió con los enviados de la misión exploratoria de la ONU, aseguró que en el Congreso Nacional deben hacerse reformas para permitir la instalación de la comisión y dijo que [es necesario] que pactos de impunidad del pasado no vengan a limitar el actuar de la misión».
«El Congreso exteriorizó su postura con respecto a la instalación de la CICIH en el país, en donde nosotros demandamos una CICIH con independencia para investigar y judicializar, con capacidad de hacer propuestas de reformas y que coadyuve para dejar una institucionalidad realmente robusta», continuó diciendo Fátima Mena.
Contracorriente también conversó con el diputado Ramón Enrique Barrios, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Congreso Nacional, quien se mostró confiado de la llegada de la CICIH.
«Puede ser factible que a finales de este año se dé la instalación de la CICIH», afirmó Barrios.
«¿En qué baso mi afirmación? En que creo que en el Congreso Nacional hemos hecho la tarea de ir desmontando paso a paso normas tanto penales como procedimentales en el campo penal que de alguna manera coartaban la libertad que tenía la UFERCO [antes UFECIC], dijo Barrios.
Ramón Barrios se refiere a la derogación de la Ley de Secretos y de las reformas a la ley orgánica del Tribunal Superior de Cuentas (TSC), que aprobaron los diputados del Congreso pasado para quitarle facultades al Ministerio Público.
La Maccih: «una misión sin dientes»
En enero de 2016, la Organización de los Estados Americanos (OEA) firmó un acuerdo con Juan Orlando Hernández para la creación de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih) para el período 2016- 2020 con la posibilidad de ser renovada.
El Fiscal General, Óscar Fernando Chinchilla y los representantes de la Maccih anunciaron en febrero de 2017 el comienzo para seleccionar a fiscales, agentes de investigación, analistas criminales, auditores forenses, especialistas informáticos y personal de apoyo, para conformar la UFECIC, que procesaría los casos que, previamente, tenían que pasar por la aprobación del Fiscal General.
La Maccih nunca trabajó de lleno en el acompañamiento en los procesos judiciales, sino que se apoyó siempre en la UFECIC, esta última dependía del Fiscal General Óscar Fernando Chinchilla, quien eventualmente podría enfrentar un juicio político si la moción, preparada por el diputado Ramón Barrios, logra ser aprobada por los diputados.
Aunque la Maccih ayudó a judicializar casos contra actores impensados en Honduras, nunca llegó a actuar contra el expresidente Juan Orlando Hernández, quien este año fue extraditado a EE. UU. por delitos de narcotráfico.
Tampoco se actuó contra el hermano del expresidente, el exdiputado Antonio «Tony» Hernández, condenado a cadena perpetua en ese mismo país que lo acusó de haber participado en el narcotráfico desde el año 2004.
A pesar de eso, la Maccih dio enormes luces sobre cómo desmontar el sistema de impunidad e intentó limpiar el Congreso de la República, pero los diputados, que se auto protegen, aprobaron una serie de reformas imposibilitando las investigaciones.
Con ayuda de la Maccih, la Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad de la Corrupción (UFECIC), a cargo del fiscal Luis Javier Santos, pudo judicializar 13 casos y procesar a 113 personas, la mayoría de ellas funcionarios públicos.
Reformas al procedimiento para nominar a los 45 candidatos a la CSJ
El Congreso Nacional de Honduras pretende hacer ajustes en los procesos de selección de los 15 magistrados que integrarán la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
«Ese proyecto de ley vino del Ejecutivo y lo estamos conociendo en la Comisión de Asuntos Constitucionales y entre las novedades está la libertad que van a tener todos los abogados y abogadas de Honduras de auto postular», explica Ramón Barrios.
Actualmente, según el artículo 309 constitucional, numeral 3, para ser magistrado de la CSJ hay que ser «Abogado Notario debidamente colegiado».
Barrios agrega que el proyecto de ley lo que le pone es un marco normativo a la Junta Nominadora para ponderar las cualidades cuantitativas y cualitativas de esos 45 candidatos a la magistratura de la CSJ.
«No es que estamos eliminando la Junta Nominadora, lo que estamos haciendo es poniendo un marco normativo para que eligen a los mejores», explica Barrios.
Luis Javier Santos, la apuesta del Congreso Nacional para trabajar con la CICIH
El Congreso quiere empoderar al titular de la UFERCO, el fiscal Luis Javier Santos, para que tenga la discrecionalidad de presentar cualquier caso sin necesidad de contar con la autorización del Fiscal General, Óscar Fernando Chinchilla,como hasta ahora lo manda la Ley orgánica del Ministerio Público.
«Existe un proyecto de ley que estableció el diputado Luis Redondo para crearle [a la UFERCO] una especie de autonomía, es decir, que no necesite la autorización directa del fiscal [general Óscar Chinchilla] para ejercer la acción penal pública en los expedientes que estén listos para presentarse. No veo controversia con la Constitución de la República», dijo Barrios.
Ramón Barrios considera que se va a seguir potenciando a la UFERCO para que sea la fiscalía que tenga el ejercicio de la acción penal y que la CICIH sea una especie de asesor y ponga todo el recurso humano y técnico del que carece la UFERCO.
«En principio lo que se está pensando es que sea la misma UFERCO la que pueda hacerlo, sin perjuicio de que pueda ser coadyuvado por la CICIH, pero teniendo siempre la titularidad la fiscalía del Ministerio Público», explicó Barrios.
«Yo creo que la UFERCO tiene a Luis Javier Santos que es una persona que lo que necesita es apoyo técnico, apoyo en recursos humanos, en apoyo y respaldo político que pueda darle la CICIH. Tenemos un fiscal y todo el equipo que tiene todo el antecedente con la Maccih, coadyuvado obviamente con la gente de la CICIH», expresó Ramón Barrios.
Sobre cuál debe ser el mandato principal de una CICIH, Barrios espera que una vez salga el informe de la misión exploratoria, dentro de 30 días, las mesas técnicas de Honduras y de las Naciones Unidas puedan sentarse para elegir los temas más relevantes.
«Por supuesto que la CICIH no podrá abordar todo el espectro de problemática que tiene Honduras, pero sí elegiríamos temas importantísimos».
Luis Daniel León, director del Instituto Holandés para la Democracia (NIMD), consideró que no es necesario en estos momentos que se le dé independencia a la UFERCO «porque en un par de meses se escoge a un nuevo Fiscal General».
Luis Daniel León explicó que además existe una estructura constitucional y una ley orgánica del Ministerio Público establecida con un orden jerárquico, con un Fiscal General, un Adjunto y un Coordinador de Fiscales.
Sobre hacer reformas para cambiar el método de selección de magistrados de la CSJ, Luis Daniel León dijo que solamente se deben hacer ajustes para que la lista de 45 candidatos no llegue viciada.
Pero yéndose a un sentido más práctico, Luis Daniel León dijo que hay que hablar con la verdad ya que lo más seguro que ocurra es que los magistrados sean puestos con influencias de los partidos políticos.
«Hay que ser francos con los hondureños, no hay que pretender tapar el sol con un dedo, ahí va a haber una negociación política y se van a tratar de repartir las representaciones en la CSJ», expuso León.
León va más allá y augura que el partido de Gobierno jugará un papel fundamental: «Hay que tener claro que la elección de estos magistrados va a pasar por una negociación en donde LIBRE buscará más magistrados», explicó Daniel León.
Al consultarle a la diputada Fátima Mena si está de acuerdo con que sea Luis Javier Santos el que presente los casos con apoyo de la CICIH, aseguró que Santos dirigió con éxito la UFECIC y ahora lo está haciendo bien con UFERCO.
«Para mí realmente es el candidato idóneo para poder continuar con este trabajo. Hay que reconocer que tras la salida de la Maccih, la UFERCO fue abandonada, pisoteada, pero todo el personal que fue seleccionado mediante los protocolos se ha mantenido en sus puestos», explicó.
Por su parte, Luis Daniel León dice que falta preguntarse si esta CICIH tendrá la intención de seguir con la UFERCO.
«Habría que ver si la CICIH quiere seguir también con los juzgados anticorrupción o buscar otro modelo, con la Unidad de política Limpia que fue una creación de la MACCIH para buscar la transparencia de los fondos de los partidos políticos. Así que no sabemos si será fácil», expresa.
La experiencia de Guatemala
La ONU y el Gobierno de Guatemala firmaron un acuerdo el 12 de diciembre de 2006 el cual fue ratificado en agosto de 2007 para la creación de la Comisión Internacional Contra la Corrupción y la Impunidad en Guatemala (CICIG) como un «órgano independiente de carácter internacional».
El objetivo era apoyar al Ministerio Público, la Policía Nacional Civil y otras instituciones del Estado para investigar delitos cometidos por integrantes de los cuerpos ilegales de seguridad y aparatos clandestinos de seguridad.
Luego de haber sido renovada en cinco ocasiones y después de múltiples conflictos políticos y de haber logrado demostrar la participación del expresidente Otto Pérez Molina y de la Vicepresidenta Roxana Balditti —además de numerosos funcionarios de alto nivel— en una poderosa red de corrupción conocida como La Línea, a la CICIG dejó de funcionar en el 2019. Fue el expresidente Jimmy Morales, cuyo hijo estaba siendo investigado por esta comisión internacional, quien encabezó una lucha frontal por evitar la continuación de la CICIG en el país.
La CICIG llegó con la misión de investigar a grupos de seguridad ilegales que existieron a lo interno del Estado durante el conflicto armado, particularmente a aquellas unidades operativas de inteligencia militar o vinculadas a otro tipo de actividades que realizaron operaciones ilegales y que estaban relacionadas con la corrupción y violaciones a derechos humanos durante el posconflicto.
«Lo que llamaban ellos la eliminación del enemigo interno, que significó asesinatos, secuestros, torturas, desapariciones, opresión psicológica sobre algunos ciudadanos», dijo un experto guatemalteco, que pidió la reserva de su identidad.
Pero antes de la creación de la CICIG, hubo una gran discusión en Guatemala para encontrar un mecanismo que no diera la impresión o no pusiera en duda la soberanía del país, principal argumento de sus detractores al momento de la negociación que dio lugar a su creación
«Entonces vinieron como cuatro o cinco años de discusión si no es que más. Sociedad civil, Naciones Unidas, técnicos, gobiernos de Alfonso Portillo y de Óscar Berger. El problema más importante fue llegar a una redacción de un acuerdo en donde el Congreso estuviera de acuerdo para ratificar este acuerdo», explicó este experto.
La fuente indica que los EE. UU. jugó un papel muy importante en hacer lobby con los diputados y que se aprobara el acuerdo, ya que había un argumento fundamental, sobre todo en grupos conservadores de derecha y de extrema derecha en particular, que invocaban el tema de la soberanía.
La instalación de la CICIG en Guatemala no tuvo tanta oposición porque surgió como un tema de DDHH y no como un tema anticorrupción. En base a esto, el consenso fue muy amplio incluso entre los sectores de derecha, con el reconocimiento de los empresarios de las élites económicas que incluso promovieron la creación de la CICIG. La idea de investigar los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad (CICIACS) surgió de los Acuerdos de Paz firmados en 1996 y se centraba en las acciones de dichos grupos contra defensores de derechos humanos en la posguerra. Debido a las confrontaciones políticas del momento, tomó la forma de una comisión contra la corrupción e impunidad suponiendo que eso la desviaba de los crímenes de guerra. En ese contexto no se previó lo que después la CICIG hizo en materia de investigación de las estructuras económicas y políticas ilegales existentes en el país.
Con la llegada de Iván Velásquez, la misión dio un giro para investigar con más fuerza algunos casos de corrupción, entre estos el caso conocido como La Línea.
Se descubrió que durante el gobierno del ex general del Ejército de Guatemala y presidente de la república Otto Pérez Molina (2012-2015) se rearticularon estructuras con actores que habían estado presentes durante el conflicto armado interno, para entonces militares que estaban ya en condición de retiro y que habían pasado a ocupar posiciones en algunos ministerios, entre estos, finanzas. En las redes de corrupción lideradas por Pérez Molina, la Vicepresidenta Roxana Baldetti y varios ministros más, no solo participaron militares en retiro sino también empresarios representantes diferentes sectores productivos, comerciales y financieros del país así como medios de comunicación corporativos.
«Ser querellante adhesivo le permitía a la CICIG tener acceso a toda la documentación del caso. Un querellante adhesivo podía tener información y un contacto directo con la evolución del caso. Aunque la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) era la responsable, pero la CICIG acompañaba», expone el experto consultado.
Los criterios sobre el éxito de la CICIG en Guatemala difieren y son motivo de debate en el país sobre todo respecto del cumplimiento del mandato original: «yo diría que no se cumplió con lo firmado».
«Porque no conozco ningún documento que se haya hecho público con respecto a la identificación de las estructuras y el modo operandi de las estructuras de la CIACS. Hubo muchos estudios de buen nivel por parte de la CICIG, pero no se cumplió el primer compromiso».
«Fue una gran deuda. Pero en relación con el esfuerzo en el tema de la persecución penal hubo un aporte muy importante, porque técnicamente se pudo introducir el concepto de litigio estratégico en los casos que tenían que ver con la corrupción, es decir, el tema aquí no era de voluntades individuales sino de operación estructural. En Guatemala se había logrado introducir en el MP, a través de la cooperación española, en el marco del litigio estratégico, ver los hechos delictivos no sólo como actos individuales sino como parte de estructuras criminales. Este viraje permitió introducirlo a la CICIG y se comenzaron a ver los casos no aislados sino a buscar estructuras».
«El caso más importante fue el financiamiento ilícito de Partidos Políticos […] generó controversias sobre el papel de la CICIG y hasta dónde debería de llegar la CICIG en cuanto a tocar este tipo de actores en la sociedad guatemalteca. ¿Qué sintieron las élites de poder en Guatemala, particularmente las económicas?Que la CICIG estaba trastocando su estructura de privilegios y de poder. Esto generó una tendencia de abandonar de parte del sector empresarial el apoyo a la CICIG. Eso deriva de una alianza de este sector y el expresidente Yimmy Morales y otros actores políticos, generando una estrategia de terminar el convenio con la CICIG. Y entonces se decidió no renovar».
Contracorriente también consultó con un abogado guatemalteco que expresó que el acuerdo que le daba poderes de querellante adhesivo a la CICIG, en realidad no era específicamente necesario porque el Código Penal vigente ya admitía a los querellantes.
«Lo que sí hubo que ir haciendo a medida del funcionamiento de la CICIG, fue enmienda a otras leyes que aún estaba rezagadas, se creó la ley de delincuencia organizada y una nueva ley de armas y municiones y algunas otras leyes que permitieron que se agilizara el proceso penal».
Este jurista guatemalteco afirma que la figura de querellante adhesivo se parece mucho al acusador privado, que se contempla en la normativa hondureña.
«Es muy parecida. El querellante adhesivo es una persona jurídica o natural que ayuda al Ministerio Público en su proceso de investigación, puede aportar pruebas, ayudarle en las audiencias también estando en ellas y pudiendo litigar como en cualquier otra parte, y a la vez implica que cuando se llega a la solución del caso, puede ayudar a los resarcimientos que tengan que pagarse a las personas que hayan sido víctimas».
La CICIG en Guatemala comenzó trabajando con todas las fiscalías, dijo este profesional del derecho, ya que estas llevaban casos relacionados con sus intereses y luego se creó la FECI. Los casos a tratar por la CICIG pasaban por una decisión de ambos.
«A través de ese filtro, se tendrían que ver los casos que estaban dentro de su mandato, así se decidía si iban o no los casos de la FECI. Hasta su cierre la relación de la CICIG era directa con la fiscal general, y tendía a ser buena, había una cercanía entre el comisionado que estuviera o el fiscal o la fiscal que estuviera, esto porque los casos que se llevaban eran sumamente relevantes para el país», explica.
Para este abogado, la CICIG no tuvo un cambio en su enfoque.
«Nunca se dio un cambio. El primer caso tenía que ver con corrupción de policías nacionales civiles que estaban en una comisaría y se dedicaban a extorsionar ciudadanos cuando los detenían. También se llevaron casos, durante la estancia de la CICIG, de narcotráfico, quizá porque parte del MP estaba dedicado a resolver estos casos. No es que la agenda de persecución penal de la CICIG haya cambiado, sino que esto dependía de los casos que estuvieran tramitándose. Quizá al final de su mandato la CICIG tomó todos los casos de corrupción y los puso frente a los tribunales y eso deja la sensación de que digamos que se dedicó solo a eso».
«El legado de la CICIG en Guatemala son las excelentes reformas que se incluyeron en la legislación penal, sentencias de los casos que se llevaron y que por primera vez el Ministerio Público pudo participar en casos tan graves y en algunos casos de corrupción política que nunca se habían investigado en Guatemala».
«El problema de las instituciones en Guatemala, como las centroamericanas en las instituciones públicas, es que tienen mucha debilidad y eso significa que son altamente influenciables por el poder, entonces la garantía de que una comisión internacional como la ONU estuviera involucrada, implicaba que esta debilidad quedaba fuera del alcance de los funcionarios que iban a ser investigados, y esta libertad para investigar es lo que le dio la libertad de sacar casos tan importantes como contra el presidente de la república Otto Pérez Molina».
Experiencia en El Salvador
Contracorriente contactó a Celia Medrano, activista defensora de derechos humanos en El Salvador, para conocer la experiencia en ese país.
«Decir que hubo una comisión internacional en El Salvador es una falacia. Lo que hubo con ese nombre fue una comisión presidencial que tuvo el apoyo unilateral por parte del secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), que no fue consultada con ninguna fuerza política o social salvadoreña y de la cual incluso no estuvo las Naciones Unidas en línea de ser parte de la misma y colaborar con la misma».
Celia Medrano asegura que sí hubo visitas de funcionarios de Naciones Unidas, que estuvieron sondeando en El Salvador la posibilidad de poder colaborar con la CICIES, pero «desde mi punto de vista, en cuanto constataron que no tenía una naturaleza, de una comisión internacional, creo que las misiones de sondeo por parte de Naciones Unidas tomaron la decisión, aconsejaron no formar parte de ese proceso y con la organización de Estados Americanos y por eso se aseguraba que era una comisión internacional, sin embargo, eso estuvo muy lejos de compararse a los esfuerzos que hizo la CICIG en Guatemala».
Celia Medrano afirma que Nayib Bukele, antes de ser presidente ofreció como parte de su campaña electoral que iba a instalar una CICIES. «La llamó así para compararla y dar a entender que tendría las mismas características de la CICIG en Guatemala. Entonces vendió la idea de que al prometer esta CICIES, estaba hablando de un esfuerzo similar, hermano de la CICIG de Guatemala. Pero en cuanto inició su gestión presidencial, lo primero que concretó fue una comisión presidencial contra la corrupción».
«Es uno de los incumplimientos más sensibles en materia de transparencia y de lucha contra la corrupción, el engaño [de Bukele] de haber ofrecido una CICIES salvadoreña, y haber creado una comisión presidencial que dependía administrativamente, en muchos aspectos también financieramente, y políticamente del órgano Ejecutivo», afirma Celia.
La comisión de la OEA en El Salvador terminó fracasando. El 7 de junio de 2021, la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) emitió un comunicado en donde lamentaba «profundamente» un comunicado de prensa emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador de fecha 4 de junio de 2021, por el cual rompió el acuerdo de la Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador (CICIES).
El Gobierno de El Salvador afirmó que la Secretaría General de la OEA había contratado como asesor al exalcalde del partido Arena Ernesto Muyshondt e indicó que este había sido procesado judicialmente desde 2016 por diversos crímenes y se indicó que la CICIES había sido «creada para luchar contra la corrupción e impunidad y no para promoverlas».
La experiencia de las comisiones internacionales en Honduras, Guatemala y El Salvador demuestran que en cada país las comisiones se deben ajustar a sus propios contextos preservando objetivos estratégicos: navegar en un entorno político de adversarios y detractores y entramados institucionales débiles y coludidos por poderosas estructuras criminales. Además —y una lección aprendida de las experiencias pasadas— se enfrentan a una sociedad civil a veces cansada e indiferente, a veces proactiva y comprometida y, a veces también, cegada por las pasiones ideológicas.
