Autor del documento: Bladimir López
Revisión de estilo: Claudia Mendoza
A más de cuatro meses del Gobierno de la presidenta Xiomara Castro, se vislumbra que Honduras estaría en un proceso de transición política conducente a un nuevo modelo político democrático con rasgos populares. Esta transición se afinca en tres elementos clave que se presentan como modelos en construcción, no acabados, en un contexto de reconfiguración de las fuerzas políticas y populares del país: la refundación (modelo político), el socialismo democrático (modelo de sociedad) y el poder popular (instrumento político).
Para avanzar en esa dirección, se han establecido acciones importantes en cuatro direcciones: i) la construcción de un Estado democrático, y de derechos humanos, ii) la potenciación de la institucionalidad pública de las mujeres, iii) la lucha anticorrupción y, iv) la ejecución de acciones en materia agraria, territorial y ambiental.
No es de nuestro interés entrar en detalle sobre los tres primeros aspectos. Sin embargo, es importante mencionar lo relacionado con el tema agrario, territorial y ambiental. En la coyuntura actual, el proyecto extractivista, en sus diversas modalidades, persiste de manera agresiva y se sigue manifestando como el gran actor social, aglutinando fuerzas sociales y políticas territoriales, generando aceptación en diversas comunidades, en torno a un discurso empresarial que propone desarrollo y empleo.
En el marco de la anterior premisa, la ZEDE-Prospera, Morazán y Orquídea, mantienen presencia en el territorio concesionado. Mientras, las empresas Minerales de Occidente en Azacualpa (Copán), e Inversiones Los Pinares, en San Pedro y Guapinol, Tocoa (Colón), están reimpulsando y relegitimando su presencia en el territorio mediante una fuerte oposición territorial. Lo mismo acontece en otros puntos del país, una situación que evidencia que la política extractivista está encontrando su materialización, a través de su expansión.
Por otro lado, la criminalización y la judicialización siguen siendo la norma, mientras, los actores no estatales se reconfiguran. Es decir, los esfuerzos del Estado por tener un mayor control sobre los territorios pueden conllevar a que los actores no estatales emprendan acciones contra el Estado y las comunidades, para seguir sosteniendo la dinámica extractivista. Lo anterior podría desembocar en un nuevo ciclo de violencia, que desencadene nuevos procesos de militarización y la consiguiente violación de derechos humanos. La actual coyuntura territorial en el Bajo Aguán, da pistas para comprender cómo se manifiesta este proceso, pese a que el Estado ha mostrado su voluntad de respetar derechos humanos y emprender acciones en esa dirección.
Ese contexto se vaticina después de que la presidenta de Honduras se comprometió públicamente a declarar al país libre de minería a cielo abierto; derogar la Ley ZEDE, y recuperar las principales zonas protegidas e implementar un programa de soberanía alimentaria para el país. Aunque ha existido voluntad en las tres primeras, los señalamientos desde los sectores territoriales siguen siendo fuertes. Ante la decisión de MiAmbiente de declarar al país libre de minería, las organizaciones territoriales sostienen que las grandes empresas mineras siguen en funcionamiento y generando grandes impactos socioambientales. Las tres ZEDE instaladas en el país, siguen en funciones bajo el régimen que les dio vida.
También ha sido fuertemente cuestionada la decisión del Gobierno, de no ordenar el cierre de la carretera que se construye en la zona de La Mosquitia. Esta carretera atraviesa las reservas de la biosfera del río plátano y tawahkas, y se adentra en el territorio indígena Bakinasta, en medio de un proceso de consulta con grupos económicos de la zona, que excluyó a las comunidades de la zona.
Otra de las medidas importantes por su relación con el extractivismo energético, es la creación de una nueva Ley de Energía que, en el fondo, busca limitar el control y monopolio de la empresa privada, a través de un mayor control del Estado en el proceso de generación, transmisión y distribución de energía. Uno de los principales elementos críticos de esta medida es que no tocó la base legal y política mediante la que se han entregado permisos ilegales de operación de energía a empresas hidroeléctricas y fotovoltaicas, asentados en comunidades rurales e indígenas que actualmente sostienen procesos de resistencia territorial.
En ese marco es importante preguntarse, ¿Por qué sigue vigente el proyecto extractivista heredado del Gobierno de Juan Orlando Hernández (JOH)? Con esta interrogante colocamos en prospectiva, los retos del actual Gobierno en materia agraria, territorial y ambiental, en el esfuerzo por contribuir a desmontar la política extractivista para abrir un proceso de desarrollo territorial sustentable y autocentrado, que promueva los derechos territoriales y derechos de la naturaleza.
Primero: los extractivismos, un proyecto histórico de las élites económicas y políticas del país.
En su versión reciente, el proyecto extractivista tiene las características de las políticas de ajuste estructural implementadas en la década de los 90. Asimismo, de las medidas económicas adoptadas en el contexto del Huracán Mitch, y en el marco del Golpe de Estado del 2009. Desde sus inicios, a las élites nacionales e internacionales se les construyó un régimen fiscal altamente atractivo y favorable; se les aprobaron leyes que los promovieron y legitimaron hasta convertirlo en un gran actor económico; se le crearon planes de desarrollo económico que dieron origen a una élite extractivista que controla el territorio de manera desproporcionado con el aval del Estado: ZEDE, agroindustria, generación de energía, minería y bosque.
Desde una mirada estratégica, el Gobierno debe comprender que el marco de la élite extractiva obedece a un sistema con particularidades económicas y una dinámica política histórica. Para hacerle frente se deben emprender acciones y medidas estructurales que socaven las bases ideológicas, en relación con las demandas de las organizaciones territoriales.
Segundo: la comodidad de una élite extractivista que mantiene su control sobre el territorio con base en manipulaciones.
El actual proceso de negociación en el Bajo Aguán y la presencia de múltiples empresas mineras en los territorios, evidencia la forma en la cual la élite extractivista, a niveles regionales, es un actor con gran capacidad política y mediática. La actual coyuntura muestra que, a pesar de los pactos y presiones gubernamentales, siguen teniendo amplio margen de maniobra dentro del sistema político (municipalidades) y el sistema judicial (juzgados).
Estratégicamente, el Gobierno tiene que pensar en la ejecución de acciones que debiliten el poder de la élite extractivista, con el objetivo de avanzar en el cumplimiento con su agenda política antiextractivista. Pero se requiere, antes, de la ejecución de acciones tácticas que le permitan generar confianza entre las organizaciones territoriales porque actualmente persiste una fuerte crítica debido a la poca claridad en el abordaje estratégico de las élites extractivistas que, al margen de la legalidad, controlan el territorio.
Tercero: reconocer que la pandemia del COVID19 y la crisis climática de Eta y Iota revitalizaron los extractivismos.
En ese contexto, los extractivismos sufren cuatro grandes transformaciones que los reposicionan, los reformulan, los vuelven disruptivos y deslocalizados. Lo anterior fue posible debido a algunos elementos de fondo:
- El reajuste institucional de naturaleza extractivista, notorio en temas agrarios y ambientales.
- La suspensión de cabildos abiertos.
- El extractivismo armado, a través de un mayor control de actores no estatales en los territorios.
- El desarrollo sostenible y el vaciamiento del territorio, a través del Plan de Reconstrucción y Desarrollo Sostenible.
- La expansión de la frontera extractivista (ZEDE, Minería, generación de energía).
Una situación es luchar contra el extractivismo que se generó en el marco del Golpe de Estado del 2009, otra muy diferente contra esta nueva fase heredada de la administración anterior que, en una contraofensiva extractivista, debilitó la institucionalidad y reforzó el control de la élite extractivista sobre el Estado y el territorio.
En el corto plazo, el Gobierno puede establecer una estrategia para desmontar la versión extractivista heredada del contexto de la pandemia del Covid19 y la crisis climática Eta y Iota. Las acciones afirmativas alrededor de la minería, la tenencia de la tierra y la generación de energía le pueden permitir ganar legitimidad y posicionar una estrategia clara, en la recuperación del territorio. Asimismo, el Estado deberá aumentar su presencia política y económica en los territorios priorizados en el Plan de Reconstrucción y Desarrollo Sostenible, en el cual la gestión política del territorio está en manos de la empresa privada.
Cuarto: ausencia de una estrategia articulada entre el Gobierno y las organizaciones territoriales para enfrentar en bloque el control de la élite extractivista.
Desde las organizaciones territoriales no existe un proyecto consolidado para revertir o transitar a formas alternativas del proyecto extractivista; existen diferentes demandas y propuestas que pueden ser de utilidad para elaborar una estrategia articulada. La transición actual demanda una mayor presencia del Estado, al igual que un amplio marco de alianzas estratégicas con las organizaciones territoriales que, debido a lo que han enfrentado, cuentan con suficientes herramientas para deslumbrar un horizonte postextractivista.
Los extractivismos, en el actual proceso de transición política, siguen persistiendo y manifestándose con fuerza. De ahí que cambiar las reglas del juego del proyecto extractivista, es el horizonte estratégico para que el Estado y las comunidades sean las responsables de gestionar el territorio y emprender acciones encaminadas a asegurar el desarrollo sustentable de sus habitantes.
Quinto: ausencia de un debate hacia la construcción de un modelo económico alternativo.
Si bien es cierto que los extractivismos, a diferencia de la agroindustria, no generan grandes beneficios económicos para el país, son una plataforma económica de suma importancia para atraer inversión extranjera y oxigenar a las élites económicas nacionales. En términos políticos, la élite extractivista, con grandes poderes de decisión en el Gobierno, frena todo proceso orientado a socavar las bases de esta política, como quedó demostrado en el caso de la minería y las reformas a la Ley de Energía. El debate es importante porque es el punto de partida para transformar la matriz productiva del país y socavar las bases oligopólicas y burguesas que han dado forma al modelo económico en detrimento del bien común de las mayorías.
Estratégicamente, el debate y practicidad política sobre la refundación es uno de los principales espacios que se pueden aprovechar para que las comunidades definan la prioridad de la política extractivista en la nueva matriz productiva, que el proceso de refundación pretende transformar. No se trata de abolir los extractivismos en las regiones donde su presencia genera empleos reales y dinamiza la economía regional, pero se requiere de un extractivismo sensato, con normas claras (laboral, social y ambiental) y apuestas económicas en función de las prioridades de desarrollo nacional y regional.
Sexto: postergación de un debate sobre lo renovable, lo sostenible y lo alimentario que se sigue moviendo alrededor del capitalismo verde.
El actual Gobierno sigue manteniendo un discurso sobre lo ambiental y lo territorial, más próximo a la narrativa del capitalismo verde que a la narrativa ecológica subalterna, posicionada desde los movimientos socioambientales (movido por la cooperación internacional). En términos políticos implica que las acciones siguen desarrollándose bajo un enfoque de intervención meramente técnico, que busca solucionar problemas coyunturales, obviando el entramado de relaciones estructurales que los determinan, como lo demuestran las medidas implementadas en el marco de la crisis alimentaria, la gestión del riesgo en el Valle de Sula y las acciones que se han desarrollado debido a la destrucción ambiental, causada por la deforestación de áreas de reservas a gran escala.
Estratégicamente, el Gobierno deberá cambiar el significado que define lo renovable, sostenible y alimentario para comprender esos problemas desde otra mirada. De esa forma, es posible emprender acciones bajo otras lógicas de intervención, que ataquen el orden de las cosas que las determinan y las promueven. No se trata de seguir el mismo guion técnico y político de la administración anterior, se trata de revitalizar acciones que le apunten a instaurar un nuevo modelo de gestión territorial y ambiental, en el cual lo renovable, sostenible y alimentario se centre en la base de lo comunitario y en el bienestar común.
Séptimo: señalar la militarización del territorio y reconocer que existen fuerzas no estatales con gran margen de incidencia y maniobra política.
Una de las principales consecuencias de la ausencia económica y política del Estado en los territorios en disputa contra el gran capital, ha sido la instalación de fuerzas no estatales con capacidad de disputarle el poder a las comunidades y al mismo Estado, como se demuestra en el caso del Bajo Aguán, Guapinol, Azacualpa y La Mosquitia. Avanzar en esta dirección tiene sus riesgos políticos, ya que en el fondo significa atacar los intereses de la élite extractivista que, según relatos de las organizaciones, tiene nexos con el crimen organizado y el narcotráfico.
En un contexto de extractivismo armado, la desmilitarización del territorio es un proceso que estratégicamente se presenta complejo y lleno de trabas, tanto políticas como institucionales. La soberanía territorial parte de la consideración de la desmilitarización, como un proceso de control territorial en el cual las comunidades tienen acceso libre y democrático al territorio. El Gobierno ha manifestado su voluntad de avanzar en esta dirección, sin embargo, desde las organizaciones territoriales se sigue denunciando que los actores no estatales continúan limitando el proceso de defensoría territorial, controlando los bienes comunes naturales.
Octavo: redimensionar la conflictividad socioambiental en un contexto de pandemia y crisis climática de Eta y Iota.
Es importante redimensionar la deslocalización de los conflictos socioambientales en los territorios. La expansión de la frontera extractivista conllevó a la instalación de conflictos latentes en las comunidades, ante el establecimiento de nuevos emprendimientos extractivistas. La deslocalización es consecuente con las nuevas formas de despojo del extractivismo, y los procesos de acumulación capitalista desarrollada en el país, en el marco de la pandemia.
En el contexto de la pandemia se manifestó con fuerza una nueva forma de despojo, más acabada e integral: la política. La suspensión de los cabildos abiertos, la suspensión de garantías constitucionales y la remilitarización de los territorios, entre otros, son ejemplos de que en un contexto de contraofensiva extractivista se reforzó la idea de la instalación de un extractivismo armado en los territorios en tiempos de Pandemia. Es importante mencionar que esta forma de despojo político fue estratégicamente enfrentada por las comunidades, con procesos de autonomía organizativa y territorial, cruciales para detener el avance de las ZEDE, como ejemplo preciso. Asimismo, las nuevas geografías del racismo, clase y patriarcado.
La conflictividad socioambiental, en el marco de la Pandemia, reforzó la política clasista, racista y patriarcal en los territorios, impactando en las mujeres indígenas, campesinas y rurales. Lo anterior conllevó a que las mujeres se reinsertaran a las luchas por la defensa de la tierra y territorio, en un contexto de extractivismo armado.
Tres presiones extractivistas hacia las mujeres fueron visibles en el marco de la pandemia del Covid19. Primero, presión de la clase extractivista, focalizada en las mujeres vulnerabilizadas y pobres. Segundo, la presión de la clase racial estuvo puesta en las mujeres indígenas y campesinas, en territorios concesionados o en proceso de concesión. Tercero y último, la presión extractivista patriarcal, que reforzó las normas tradicionales de la cultura patriarcal, agudizando las contradicciones cuerpo-territorio de las mujeres.
Esas tres presiones sobre el cuerpo-territorio elevaron la conflictividad socioambiental, ya que las mujeres se lanzaron abiertamente a desafiar la heteronormatividad patriarcal de los extractivismos en tiempos de pandemia del Covid19. Esta premisa requiere de mayor indagación, para profundizar en la forma en la cual las presiones han transformado la geografía de los conflictos socioambientales en Honduras, desde una perspectiva interseccional: clase, raza y género.
El Gobierno debe comprender que la historia hondureña indica que cuando los extractivismos se renuevan, las luchas socioambientales se reactivan y surgen nuevas resistencias. En la actual coyuntura, el movimiento socioambiental ha posicionado con fuerza dos temas transcendentales: la justicia ambiental y la autonomía política comunitaria. Un nuevo ecologismo, más político y subalterno, está resurgiendo en el seno de las actuales luchas que marcarán la dinámica de las luchas territoriales por la existencia, la vida y el ambiente en un contexto post- pandemia.
Noveno: retomar el tema de género, etnia y clase en la lucha estratégica contra los extractivismos. La pandemia y la crisis climática de Eta y Iota, en un marco de contraofensiva extractivista, agudizaron las contradicciones de género, etnia y clase, como evidencia la lucha territorial que emprendieron las mujeres indígenas y campesinas. Retomar este planteamiento es atacar las bases conservadoras sobre las que el extractivismo ha encontrado eco en las comunidades, golpeando la dimensión ideológica del mismo: despojo, violencia y vaciamiento territorial.
El Gobierno debe considerar en sus acciones políticas el tema de clase, género y etnia, para dimensionar el extractivismo más allá del tema económico y político, pues se trata de atacar sus bases conservadoras e ideológicas y trazar un nuevo horizonte de desarrollo en el cual las mujeres, indígenas y campesinos adecuen sus intereses para construir procesos de cambio sostenibles y democráticos en el marco de la refundación.
