Los pobladores viven el hostigamiento y miedo por parte de la transnacional minera.
La criminalización a las personas defensoras de derechos humanos, la destrucción de las fuentes de agua, contaminación de su medio ambiente y la destrucción del cementerio comunitario, es el terrible panorama que viven la comunidad Maya-Chortí de Azacualpa, La Unión, Copán y que fue constatada por la ministra de Derechos Humanos, Natalie Roque Sandoval, tras realizar una visita In Situ en el sector donde los pobladores viven las constantes vulneraciones de sus libertades fundamentales de parte de la compañía minera Aura Minerals-MINOSA.
“He visitado la comunidad de La Ceibita y el cementerio de Azacualpa, por invitación y producto de denuncias y de un seguimiento que le hemos dado a esta causa desde antes del proceso electoral y pude constatar In Situ hablando con las familias, acercándonos al pueblo, las graves vulneraciones a sus derechos humanos que han sufrido y continúan sufriendo producto de la operación de la minera”, dijo la funcionaria al referirse a esta grave situación.
El tema y las denuncias no son nuevas; los pobladores vienen sufriendo la violencia ejercida por la transnacional MINOSA, que en contubernio con autoridades pretenden dinamitar el cerro en donde se edificó el cementerio de la comunidad, con el propósito de extraer “El Oro que yace debajo del mismo”.
En el campo santo, los muertos no disfrutan de su sueño eterno, las exhumaciones de sus restos mortales se realizan a pesar de un amparo emitido por la Corte Suprema de Justicia que ordena detener el proceso de exhumaciones en el cementerio de San Andrés, Azacualpa, La Unión; sin embargo, el Juzgado de Letras de Santa Rosa de Copán, declaró sin lugar el recurso de nulidad interpuesto por los abogados del bufete Estudios para la Dignidad que defiende la causa de Azacualpa.
El dolor en Azacualpa es latente, el abandono a que han sido objeto las y los descendientes de la etnia Maya-Chortí y el sentimiento e impotencia que provoca el conocer a donde fueron “a botar sus muertos”.
Roque Sandoval, conmocionada por la situación, lamentó que la comunidad no ha tenido conocimiento de los permisos, licencias o informes de impacto ambiental y social de las actividades de explotación al cementerio y las mismas no cuentan con el consentimiento de la comunidad Maya-Chortí.
Anunció que: “Nos hemos comprometido a acompañar a la comunidad y a instar a los demás ministros que, de acuerdo a sus competencias, que tomen cartas en este asunto tan delicado, además existen denuncias de operaciones al margen de los permisos de licencias ambientales y en general una situación de vulneración de todo tipo de derechos, incluyendo daños ambientales y contaminación de las fuentes de agua”.
Añadió que se acercará a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), para contar con estudios científicos y valoraciones que contribuirán a determinar, finalmente, algún grado de objetividad, cuál es la situación real de afectaciones que sirvan de contraste a los estudios y los nuevos estudios que se tendrán que hacer para determinar la real situación.
