TEGUCIGALPA, HONDURAS.
El diputado del Congreso Nacional por el partido Libertad y Refundación (Libre), Jari Dixon, presentó este jueves un proyecto de ley para que las tierras en posesión de la Oficina Administradora de Bienes Incautadas (OABI), pasen a propiedad de grupos de campesinos en Honduras.
Dixon Herrera argumentó que «sería oportuno» que esas tierras que han sido incautadas por la OABI y que han recibido una sentencia firme pasen a ser administradas por el Instituto Nacional Agrario (INA).
«Esas tierras incautadas por la OABI con sentencia firme, sería oportuno que el INA tomará posesión de ellas y las repartiera con los colectivos campesinos», explicó el diputado durante la sesión legislativa.
A criterio de Dixón, «en Honduras tenemos una gran deuda con la clase campesina, han existido diferentes reformas agrarias que tenían como objeto entregarle tierras a los campesinos», lamentó el congresista al momento de explicar que la «imperiosa necesidad» de aprovechar las tierras que están en manos de la OABI, y «saldar una deuda con los campesinos productores del país».
Distribución de los bienes en posesión de la OABI
La OABI, como su nombre lo indica, administra bienes que han sido incautados a personas que los adquirieron con fondos provenientes de corrupción crimen organizado o no puede justificar su origen.
La incautación se procede en aplicación de la Ley Contra el Lavado de Activos o la Ley de Privación de Dominio de Bienes de Origen Ilícito.
Cuando se emite un sentencia de comiso, es decir un juzgado declara a favor de Estado un bien, el mismo se destina diferentes entidades.
Por ejemplo, un 45 por ciento va para las unidades que trabajen en la lucha contra la criminalidad organizada y que estén adscritas a la Secretaría de Seguridad o el Ministerio Público.
Un 8 por ciento se quedan en manos de la OABI.
Otro 8 por cientos son para las instituciones que trabajan en programas de atención a víctimas de actividades ilícitas.
Otro 4 por ciento son destinados a programas de protección de testigos.
10 por ciento para la persona natural que, oportunamente, aportó a la obtención de elementos probatorios que sirvieron para dictar una sentencia.
De igual forma, un 10 por ciento para las alcaldías donde se encuentran los bienes; para los programas y centros de prevención y rehabilitación de jóvenes con problemas de adicciones a drogas, otro 10 por ciento.
Y un 5 por ciento al Fondo Especial para la Prevención Social y Lucha contra la Criminalidad Organizada.
