Redacción: Viena Hernández
Tegucigalpa. – Al menos 100 inversionistas que sostuvieron un alegato por supuestas expropiaciones en las que dicen haber perdido millones de dólares, fueron derrotados al interponer una demanda en contra del Estado de Honduras, porque una Corte en el Estado de La Florida, Estados Unidos, reconoció que el país goza de inmunidad soberana.
De esta forma, la Procuraduría General de la República de Honduras (PGR), anunció el triunfo ante la demanda interpuesta por los demandantes de origen estadounidense, la cual fue desestimada por la Corte de Apelaciones de Estados Unidos del circuito 11 para La Florida.
Esta Corte estadounidense emitió una sentencia en favor del Estado de Honduras que incluye al Instituto de la Propiedad (IP) y a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), en el caso Agurcia vs República de Honduras, presentado en el Distrito Federal Medio de La Florida, según expuso la PGR en un escrito.
Para ponernos en contexto del desarrollo del caso y profundizar en los motivos, el representante de la Procuraduría General de la República (PGR) Nelson Molina, contó a Criterio.hn que el proyecto emprendido por cerca de 100 inversionistas, en su fase judicial, se alegaba una especie de expropiación involuntaria, al plantear haber invertido en un desarrollo mixto ubicado en San Pedro Sula, denominado “Proyecto de Desarrollos de Honduras”, el cual contaba con desarrollo residencial y desarrollo comercial bajo licencia World Trade Center.
Además, explicó que, a partir del 2012, la Confederación Nacional de Federaciones de Patronatos de Honduras (Conafeph), causó que miles de habitantes ocuparan varias extensiones de propiedad privada, las cuales rodean el proyecto antes mencionado, con el supuesto consentimiento y ayuda de las instituciones estatales, es decir, el Instituto de la propiedad (IP) en los procesos de regularización de propiedad y la ENEE mediante el suministro de energía eléctrica a los ocupantes.
En este caso judicial, los supuestos inversionistas de Norteamérica aseguraban presuntas expropiaciones por parte del Estado de Honduras, acentuando que esa acción habría disminuido contundentemente el valor de sus inversiones.
Sin embargo, los reclamantes no especificaron el monto de las pérdidas, pero el estimado es de varios millones de dólares por presuntos daños y perjuicios.
“La sentencia favorable implica que tanto el IP como la ENEE no incurrirán en erogaciones en pago por los daños y perjuicios alegados en base a sus actuaciones”, expresó Molina.
CORTE ESTADOUNIDENSE REAFIRMÓ SENTENCIA
Ante ese accionar que, de haberse consumado de manera negativa para el Estado de Honduras, habría ocasionado un impacto económico para toda la población hondureña, pero la Procuraduría señaló que con argumentos presentaron una moción para desestimar el caso.
El argumento del caso se sostuvo con base a la inmunidad soberana del Estado, por lo tanto, la Corte de Apelaciones de La Florida dio el visto bueno y la razón a dicha moción. De tal forma, la demanda fue desestimada, produciendo un fallo favorable para Honduras, la estatal energética y el Instituto de la Propiedad.
Como explicó Molina, la supuesta inversión, es un inmueble ubicado en la ciudad de San Pedro Sula, Cortés, en el cual se pretendía desarrollar un proyecto. Los demandantes alegaron que, a causa de las ocupaciones, tuvieron que paralizar la construcción, las ventas de viviendas y bloquear el desarrollo general del proyecto.
El proceso judicial se desarrolló en La Florida y la PGR tuvo conocimiento una vez emplazado el Estado, IP y ENEE para contestar la demanda, por lo cual de inmediato se coordinó con las autoridades del IP y la ENEE para identificar la estrategia de defensa y coordinación pertinente con los abogados externos, para preparar la moción de destinación de la demanda con base a la inmunidad soberana del Estado, según la ley internacional.
Aunque el grupo de estadounidenses presentó un recurso de apelación contra la sentencia emitida por la corte federal de primera instancia, finalmente la entidad de justicia terminó reafirmando los argumentos expuestos por el Estado de Honduras.
Según expresó Molina a este medio digital, el perjuicio a las finanzas hondureñas que intentaron provocar no podría especificarse, es decir, que se trató de una demanda con cuantía indeterminada por varios millones de dólares.
